Dolor de cabeza menos para la oficial ayudante Gabriela Alejandra Sosa, el cabo primero Julio César Salinas y los agentes Micaela Alejandra Agüero Godoy, María Paula Heredia Atampiz y el calabocero Kevin Ariel Sánchez (cuatro de ellos defendidos por el abogado Maximiliano Páez Delgado). Tal como anticipó este diario, a pedido del fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, todos fueron sobreseídos por la jueza Verónica Chicón, de su posible vinculación con un hecho escandaloso: la detención de un menor que se metió a robar dos cascos en la seccional 34ta. de Rivadavia la noche del 11 de julio de 2022, la recuperación de esos objetos y la liberación de ese chico sin dar aviso a sus superiores ni al juez de la Niñez en turno, como correspondía.
Esos cinco policías más el oficial subinspector, Leandro Escobar, estaban de guardia o aún permanecían en la seccional 34ta., cuando menor cruzó una medianera hasta el patio de esa sede policial y les sustrajo los cascos a dos de ellos, que terminaban su turno y pretendían marcharse. En principio supusieron que era una broma, pero cuando revisaron las cámaras de seguridad internas, descubrieron quién había sido el ladrón, salieron a buscarlo, lo atraparon en la calle y en lugar de iniciar un sumario, el oficial Escobar decidió entregar el menor a un familiar, sin más trámite. ‘Yo soy el oficial de servicio, no pasa nada perro’, les dijo a sus compañeros cuando le preguntaron el porqué de esa decisión.
Cuando Fiscalía profundizó en la investigación y recabó pruebas, llegó a la conclusión de que solo Escobar debía ser responsabilizado por esa decisión. Y al verse acorralado por la evidencia, el oficial admitió en un juicio abreviado haber cometido los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Recibió como castigo 1 año de prisión en suspenso y 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Bajo la lupa quedaron los otros cinco efectivos que estuvieron de guardia aquella noche, pero Fiscalía aseguró que no hubo pruebas que los complicaran. Quien más cerca quedó de seguir involucrado fue el calabocero, pero las cámaras de seguridad demostraron que esa noche solo le entregó el menor al oficial Escobar, quien se encerró a solas en una oficina con el chico para que le dijera donde había dejado los cascos.
La causa se había iniciado también con la sospecha de que habían cometido apremios ilegales contra ese menor con problemas de adicción, porque eso denunció su madre la noche en que fue irregularmente liberado y tuvo que llevarlo al hospital Marcial Quiroga, pero ese delito no pudo acreditarse, informaron desde Fiscalía.
Así, el caso cerró con un solo policía condenado.