El acercamiento del Gobierno a la CGT antes de enviar la reforma laboral al Congreso abre una ventana de racionalidad política que, hasta hace pocos meses, parecía difícil de imaginar.
La inminente presentación del proyecto de reforma laboral en sesiones extraordinarias del Congreso ha puesto en marcha movimientos inesperados dentro del Gobierno nacional. Tras meses de mantener una postura rígida y de avanzar en iniciativas sin consultar a los actores sociales involucrados, el Ejecutivo evalúa ahora convocar a la nueva conducción de la CGT antes de oficializar el texto definitivo. No se trata de un gesto menor, supone un reconocimiento de que cualquier reforma estructural que pretenda perdurar necesita, como punto de partida, una base mínima de diálogo.
La renovación en la cúpula de la central obrera -integrada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo- parece haber contribuido a este cambio de clima. Se trata de dirigentes con un perfil más predispuesto a la conversación institucional, lo que genera expectativas razonables en un terreno históricamente tenso. Aunque los borradores que se manejan aún no alcanzan un consenso interno en el Gobierno, la intención de abrir una instancia formal de intercambio representa, en sí misma, una señal auspiciosa.
La reforma que el Ejecutivo busca impulsar apunta a promover la formalización laboral mediante la reducción de cargas patronales, la creación de un fondo de cese y un nuevo régimen de empleo. También se analizan modificaciones en el impuesto a las ganancias y, de manera más controvertida, restricciones a las asambleas sindicales en empresas. Este último punto ha encendido alarmas en el mundo gremial, que ve allí un riesgo directo para el ejercicio de la actividad sindical. La CGT ya anticipó que no aceptará ’a libro cerrado‘ medidas que impliquen retrocesos en derechos adquiridos.
En paralelo, el Consejo de Mayo -donde la central obrera participa a través de la UOCRA- continúa desarrollando reuniones técnicas orientadas al mismo objetivo; encontrar un marco de acuerdo básico sobre el futuro del trabajo. Los avances concretos aún no aparecen, pero la continuidad de esas instancias demuestra que los puentes no están rotos.
Más allá de las diferencias, el hecho de que el Gobierno busque llegar al Congreso con un proyecto más discutido y parcialmente consensuado constituye un paso adelante. La política argentina necesita recuperar prácticas que alguna vez fueron habituales. Negociar, escuchar, incorporar miradas diversas. Ninguna reforma profunda puede construirse sobre la imposición unilateral.
En tiempos en que la confrontación suele prevalecer sobre la cooperación, toda señal de diálogo debe celebrarse. Si el país quiere encaminar políticas que promuevan el desarrollo y la modernización laboral, este puede ser -al menos- un buen punto de partida.