Días complicados se avecinan para el alcaide mayor del Servicio Penitenciario Provincial, Gustavo Aballay. Desde ayer, es formalmente investigado por los presuntos tratos ilegales con un preso VIP, un empresario que el 3 de abril de 2024 lo denunció por no devolverle un auto Fiat Stilo que le prestó y no pagarle el resto de las cuotas que pactaron cuando pactaron la compraventa. Y, lo peor, por amenazarlo y mandarlo a golpear en la prisión para que no reclamara más.
Aballay está en disponibilidad desde abril de 2024. El preso VIP que lo denunció es José Armando Aranda (56), dueño de una flota de camiones y exproveedor del Estado, quien ya registra dos condenas por abuso sexual (una de 14 años, la otra de 3 años 2 meses) y una tercera de 6 años por comercio de drogas.
El fiscal, Adolfo Díaz, y el ayudante fiscal, César Recio (UFI de Delitos Especiales) le imputaron ayer a Aballay los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas coactivas. Y si bien no pidieron su prisión preventiva (los delitos son excarcelables), sí solicitaron 1 año de investigación y medidas coercitivas durante ese tiempo, entre las que se incluye que no salga de la provincia sin autorización y no se acerque ni moleste al denunciante ni a su familia, y tampoco a otros testigos claves del caso, entre los que se incluye al menos otro penitenciario.
Para Fiscalía está probado que Aballay usó el vehículo. La evidencia que respalda esta sospecha son los testigos que vieron al penitenciario manejando ese auto y el hecho de que, en un allanamiento en su casa, hallaron parte de la documentación del vehículo, que nunca más apareció. El incumplimiento de sus deberes se configura -dijeron- porque en la ley que regula la actuación de los penitenciarios, se contempla expresamente que no deben obtener ningún bien de los presos, ni prestado ni por cualquier otra vía, como una compraventa, indicaron. Probar que Aballay amenazó y mandó a golpear a Aranda, parece una misión un poco más complicada.