La decisión del Gobierno de San Juan de comenzar a cobrar el impuesto a los Ingresos Brutos a las aplicaciones de transporte como Uber y Didi marca un avance en una discusión que lleva años. La medida, largamente reclamada por taxistas y remiseros, intenta finalmente equiparar las condiciones fiscales entre el transporte tradicional y el digital, que hasta ahora operaba sin cargas impositivas locales, lo que generaba una evidente competencia desleal. Se asegura que no se trata solo de una cuestión recaudatoria, sino de justicia tributaria y de ordenamiento del sistema.
Esta decisión se inscribe en el marco más amplio del proyecto de nueva Ley de Transporte que ya está en la Legislatura provincial, aunque todavía sin tratamiento sobre tablas por falta de consensos entre bloques. Sin embargo, la prórroga de las sesiones ordinarias y la intención política de lograr un respaldo amplio permitirían que la iniciativa sea debatida el próximo 11 de diciembre. El objetivo es claro: regular un mercado que creció de forma acelerada, aprovechando vacíos legales que lo mantuvieron durante años en la informalidad.
La legislación propuesta incorpora un registro obligatorio para los conductores de aplicaciones, exige requisitos técnicos mínimos y prevé sanciones severas para quienes no cumplan. Las multas podrían ser especialmente gravosas, y no por afán punitivo, sino porque se busca garantizar que todos los actores del sistema compitan bajo las mismas reglas. En un mercado donde conviven modelos de negocio distintos, la igualdad normativa deja de ser un capricho para transformarse en una necesidad.
Es importante remarcar que el objetivo final no es perjudicar a nadie, sino beneficiar al usuario. La competencia, cuando es justa y equilibrada, mejora la calidad del servicio. Y esa es la vara que debe guiar todas las reformas: más seguridad, más puntualidad, vehículos en buenas condiciones y tarifas razonables.
El transporte por aplicaciones llegó para quedarse. Pretender lo contrario sería desconocer las nuevas dinámicas urbanas y las demandas de los propios ciudadanos. Pero su integración al sistema debe ser responsable, regulada y fiscalmente equitativa.
La provincia da ahora un paso en la dirección correcta. Si la nueva ley logra finalmente consensos y se convierte en herramienta de ordenamiento, San Juan podrá avanzar hacia un sistema de transporte más moderno y confiable, donde el pasajero -y no los intereses sectoriales- sea el verdadero protagonista.