Una vez más, y casi como una escena repetida cada fin de año, los gremios vinculados al transporte aéreo eligen las vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo para plantear sus reclamos salariales y laborales mediante medidas de fuerza que impactan de lleno en la vida cotidiana de la gente. En esta oportunidad, el conflicto protagonizado por ATEPSA, el sindicato que nuclea a los controladores aéreos, expone con crudeza una metodología que resulta difícil de justificar.
El paro cumplido el miércoles y jueves últimos fue la consecuencia directa del fracaso de las negociaciones entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Lejos de encontrar un canal de entendimiento, ATEPSA anunció un cronograma de interrupciones que se extendería hasta el 29 de diciembre, con nuevas suspensiones previstas para hoy 23, el 27 y el 29 del corriente, incluyendo vuelos internacionales y paradas totales. Según estimaciones del propio sector, el impacto podría alcanzar a más de 100.000 pasajeros.
El sindicato fundamenta su postura en presuntos incumplimientos salariales y laborales, al tiempo que asegura que se respetarán excepciones para emergencias. Sin embargo, el problema de fondo no radica solo en la legitimidad del reclamo, sino en el momento y la forma elegidos para ejercerlo. Resulta inconcebible que, una vez más, se recurra a métodos claramente extorsivos, en los que los pasajeros terminan pagando el costo completo de disputas que durante el resto del año no logran resolverse.
El transporte aéreo en la Argentina no puede quedar rehén de acciones gremiales que utilizan la alta demanda de las fiestas como herramienta de presión. Detrás de cada vuelo cancelado o demorado hay personas que necesitan trasladarse por razones laborales, familiares, turísticas o incluso sanitarias. La incertidumbre, el estrés y las pérdidas económicas no pueden ser la moneda de cambio de una negociación que debería darse en otros ámbitos y con otra lógica.
Más allá de que las medidas se concreten plenamente o funcionen como una amenaza para forzar un acuerdo, el daño ya está hecho. Las compañías aéreas han advertido a los pasajeros sobre un panorama complicado y recomiendan verificar el estado de los vuelos por canales oficiales, anticipando demoras y reprogramaciones que generan malestar y desconfianza.
Desde EANA calificaron la medida como inadmisible, al considerar que se intenta afectar un servicio esencial garantizado por ley y denunciaron la intención de interrumpir el normal desarrollo del transporte aéreo en plena época de fiestas. El derecho a huelga es incuestionable, pero también lo es la necesidad de establecer límites claros cuando ese derecho se ejerce a costa de miles de ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto.
Si cada fin de año el país queda en vilo por paros en el aire, es evidente que algo falla. Y no es solo la negociación salarial, sino la falta de responsabilidad institucional y de previsibilidad en un servicio que debería estar, justamente, por encima de estas prácticas.