“Yo no fui lo del celular, fue el hermano (menor) del chico que le robaron. Yo estaba en la casa de mi novia cuando llegaron y me empezaron a golpear, con un palo, me dieron patadas en la cabeza, tengo testigos (…) yo nada que ver, tengo testigos, fue de arriba…. encima me robaron la mochila y mi teléfono’, dijo Mauricio Alejandro Ruiz Olivares (20) ante el juez Alberto Caballero, la fiscal Paula Aarredondo y la ayudante fiscal María Susana Videla (UFI de Delitos contra la Propiedad).
‘Hay muchos testigos que van a venir a sostener su versión. No tiene sentido detenerlo por detenerlo. La exageración de las medidas preventivas trae aparejado injusticia, es un sufrimiento innecesario para mi cliente’, dijo a su turno el defensor de Ruiz, Horacio Merino.
Todo pasó sobre el mediodía del pasado 7 de diciembre en el barrio Marquesado III, en Rivadavia. A esa hora, una de las vecinas entró a bañarse y en la mesa de su casa, con puertas abiertas, quedó su celular y otros dos más que eran de sus sobrinos. En su denuncia dijo que unos 40 minutos después, al salir de su dormitorio, notó que los aparatos no estaban y le preguntó a su pareja. El joven le respondió que nada sabía, pero salió a preguntarle a los vecinos y en el acto le señalaron que dos sujetos habían entrado y se fueron corriendo. Es más le dijeron que uno de esos ladrones era Ruiz, que instantes después terminó recibiendo una paliza.
Los propios vecinos lo detuvieron en el barrio Marquesado I, hasta que llegó la Policía y en el lugar donde lo atacaron también encontraron el celular marca Motorola de la denunciante.
Por eso Fiscalía sospecha de Ruiz Olivares, un joven que vive en otro lugar y el 17 de mayo pasado recibió una condena de 1 año y 6 meses por un delito sexual (exhibiciones obscenas).
Fiscalía consideró que, en libertad, el joven puede fugarse o entorpecer la investigación y por eso pidió su prisión preventiva. Y si bien el juez accedió, entendió que podía cumplir esa detención en su casa. Le aplicó dos meses de prisión domiciliaria y ordenó rondas policiales ‘periódicas y sorpresivas’ en el domicilio del sospechoso. Si no lo encuentran, se le revocará el beneficio e irá a la cárcel.