En un país que necesita imperiosamente mejorar sus niveles de producción de bienes y servicios, para salir de un estancamiento que está sacudiendo seriamente sus estructuras básicas, no se puede concebir que el Estado no haya implementado todavía acciones de gobierno que apunten a reducir la presión tributaria; a optimizar controles simplificando los sistemas de fiscalización y a evitar una burocracia que además de generar déficit fiscal dificulta los procesos productivos de empresas y particulares.

Se trata de problemas estructurales de vieja data que no están siendo abordados como corresponde, por lo que persisten en el tiempo afectando la eficiencia y la productividad. Esto es muy grave en los actuales momentos de crisis, en los que todos estos vicios administrativos se deberían revertir.

Es por todos conocido el efecto que la presión fiscal provoca tanto a las empresas como a particulares. Es cierto que en las actuales condiciones del Estado resulta difícil implementar una reducción de impuestos, pero también es una realidad que la actividad productiva de las pymes, por ejemplo, está llegando a un límite con el riesgo del cierre de fuentes de trabajo. Los analistas sostienen que el proceso de modificación de la actual situación impone una revisión de los impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, para luego avanzar sobre otros de menor incidencia en arcas del gobierno.

En cuanto a la tarea fiscal de la AFIP, se puede concluir que es agobiante para las actividades productivas. La metodología que aplica es cuestionable ya que no se puede poner en igualdad de condiciones a un monotributista o pyme con grandes deudores, como las empresas de Cristóbal López que deben más de 10 mil millones de pesos.

En cuanto a la burocracia estatal que perjudica la producción, nuestro país tienen los más altos índices de la región y el mundo. Engorrosos sistemas administrativos perjudican procesos productivos y despachos de exportaciones. Un caso puntual lo dio un estudio Doing Business del Banco Mundial al establecer el tiempo que lleva pagar los impuestos. En países desarrollados, el tiempo promedio es de 177 horas al año. En América latina y el Caribe, 361 horas y en Argentina 405 horas.

Estos son solo algunos de los aspectos en los que la Argentina debe trabajar en forma urgente para intentar la competitividad de la que tanto se habla y por la que se trabaja tan poco.