Tras las elecciones generales de octubre del año pasado comenzó, por parte de la ciudadanía, una campaña de rechazo a los aumentos salariales que determinados sectores oficiales, entre ellos funcionarios de Gobierno, legisladores y miembros de la Justicia, preveían implementar en busca de que sus haberes no quedaran relegados respecto de los índices inflacionarios. Hubo presión por distintos medios, considerando que los funcionarios públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado, tienen remuneraciones muy por encima de lo que gana cualquier trabajador y que, por lo tanto, están en condiciones de hacer un aporte a la difícil situación del país, congelando sus haberes. 

A nivel país son muy pocos los que han recogido el guante y hasta hace unos días, además del congelamiento de las dietas que fue dispuesto en ámbitos del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, sólo en dos provincias, Salta y Mendoza, se dispuso suspender aumentos salariales como una forma de "predicar con el ejemplo" y contribuir con "políticas de austeridad" ante la difícil situación en la que se encuentra el país. Por otra parte en la localidad de Coronel Suárez, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, siete concejales del Frente de Todos, acordaron disponer el 25% de sus salarios a la cuenta de alimentos de Desarrollo Social. Si bien, en este caso no estamos ante un congelamiento de los haberes, se trata de una actitud pocas veces puesta de manifiesto por quienes ocupan algún cargo político.

En Salta, la Cámara de Diputados local dispuso suspender los aumentos salariales para diputados y autoridades del órgano legislativo por un término de 180 días. En tanto que en Mendoza, la Suprema Corte, en sintonía con el plan de austeridad dispuesto por el gobernador Suárez, suspendió los incrementos salariales de sus miembros por seis meses.

En forma contraria, en nuestra provincia, en el inicio de la actual gestión, hubo polémica con un pretendido aumento salarial del 50% que impulsaron los concejales del departamento Angaco y que también iba a cobrar el intendente municipal. La intervención de la Justicia impidió que la medida se concretara, caso contrario hubiese habido precedente para los demás cuerpos legislativos municipales.

En momentos que el país necesita de renunciamientos y medidas tendientes a evitar que la inflación siga en aumento, el congelamiento de haberes de funcionarios de gobierno es una medida sensata que, si bien no es la solución definitiva, nos alienta a creer en las buenas intenciones del poder político por sacar al país de la difícil situación en la que se encuentra.