En las últimas décadas, las organizaciones vecinales han sufrido un proceso de desactualización que ha llevado a que un gran número de estas instituciones desaparezcan, dejando un importante vacío en la vinculación que debe existir entre vecinos y autoridades provinciales o municipales. Las causas de este fenómeno las podemos encontrar en la complejidad de los problemas actuales que tienen los distintos barrios y villas, ante complicadas situaciones que trascienden las necesidades que habitualmente tenían las comunidades y que ahora comprenden dificultades vinculadas a la inseguridad, las adicciones, la violencia de género y otros comportamientos sociales propios de la época.

Las soluciones a los problemas que afrontan los vecinos ya no se alcanzan con una simple gestión de la unión vecinal ante las autoridades pertinentes, sino que ahora se precisan líneas de acción que resultan más complejas y que requieren la puesta en marcha de un mecanismo en el que participan distintos sectores de la comunidad. Estos requerimientos son los que en muchos casos dificultan la acción de una unión vecinal que no está debidamente preparada, y que carece de recursos humanos y materiales para llevar adelante un plan de acción conforme a las necesidades de los vecinos.

Ante este panorama, hay uniones vecinales que están advirtiendo la necesidad de adaptarse a los nuevos requerimientos con el objeto de cubrir la amplia gama de necesidades que tienen las comunidades, y para ello se están dejando de lado antiguos esquemas de trabajo, convirtiendo a estas entidades en auténticos motores de desarrollo social dentro de las respectivas jurisdicciones.

Un antecedente de esta transformación la tenemos en algunos países europeos donde las entidades vecinales están dando lugar a la formación de auténticas plataformas cívicas, constituidos por frentes vecinales que intentan solucionar los problemas de convivencias que se plantean en distintas zonas de las ciudades sin distinción de calles o barrios. Se trata de una alternativa sugerida por los propios vecinos, quienes oportunamente advirtieron que estos temas no se pueden dejar solamente en manos de las fuerzas de seguridad o de las autoridades, sino que requieren la intervención de los miembros de la comunidad para una solución definitiva.

En nuestro ámbito también hay problemas que trascienden las jurisdicciones vecinales, inclusive de los departamentos, que requieren acciones en conjunto de las entidades comunitarias en un nuevo rol que debe ser promovido para alentar la participación de los vecinos en temas que los incumbe en forma directa.