Por unanimidad, al igual que como ocurrió en el Senado, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley que establece los nuevos procedimientos para concretar un trasplante de órgano. Para su puesta en vigencia sólo hace falta que el Poder Ejecutivo la reglamente, lo que se espera que será dentro de muy poco ya que la iniciativa ha sido impulsada, como pocas veces ocurre, con el apoyo de todos los sectores del espectro político del país.

La nueva norma modifica a la ley 24.193, simplificando y modernizando el sistema en vigencia para que, tanto el donante como receptor, puedan concretar su voluntad lo más rápido posible, dando lugar a que el operativo correspondiente se cumpla eficientemente.

A la ley se la conoce como "Ley Justina'' en recordación de Justina Lo Cane, la nena de 12 años que falleció el 22 de noviembre del año pasado por no recibir un trasplante de corazón a tiempo.

Hay que tener en cuenta que hasta ahora hay cerca de 11 mil personas que llevan décadas en la lista de espera del de Instituto Nacional Central Único Coordinación de Ablaciones e Implantes (Incucai), de las cuales más de 7.700 necesitan un trasplante con urgencia para poder seguir viviendo. El panorama se agrava cuando observamos que sólo el 6,41% de la población del país es donante, porcentaje que mejorará considerablemente con la nueva ley que dispone que todos los pobladores son donantes, salvo que se deje una debida constancia en vida de la negativa al procedimiento.

En la opinión de pacientes y profesionales que intervienen en trasplantes, con la antigua legislación el sistema se hacía demasiado lento, por la gran cantidad de requisitos y pasos que había que cumplir. La nueva ley propone una simplificación y modernización del sistema para evitar demoras y asistir a un mayor número de personas.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la nueva legislación es el principio de que toda persona mayor de 18 años es donante presunto. Es decir que si no expresa su negativa en un registro de oposición se lo considera donante obligatoriamente, eximiendo a la familia a tener la última palabra en ese sentido.

Con la ley en vigencia se abrirá una nueva etapa esperanzadora para mucha gente que necesita un trasplante para mejorar su calidad de vida. El tiempo dirá si las condiciones mejoran o todo sigue igual. Esperemos que se cumpla lo primero.