En Bolivia existe la sensación de que con la nueva habilitación para que Evo Morales tenga la posibilidad de ser reelegido, por cuarta vez consecutiva, como presidente se ha consumado un golpe de Estado contra la democracia. La mayoría de los bolivianos rechazaron, en un referéndum realizado en febrero del año pasado, la reelección presidencial de Morales pero ahora la justicia acaba de habilitarlo tras una serie de maniobras que el oficialismo concretó en función de la legislación vigente contenida en la Constitución Nacional y la Ley Electoral.
En un nuevo ardid basado en el incontrolable deseo de eternizarse en el poder, Evo Morales no reparó en que algunos artículos de la Constitución sean declarados inaplicables y que otros de la Ley Electoral sean anulados, con el solo objeto de lograr que se le autorizara, una vez más, a participar de las elecciones del 2019.
Este mandatario forma parte de un grupo de presidentes latinoamericanos, de neto corte populista, que en su momento fueron capaces de utilizar los más variados recursos con tal de mantenerse en sus cargos, como el venezolano Hugo Chávez y el cubano Fidel Castro, entro otros tantos.
Morales asumió la primera magistratura del país, por primera vez en 2006 y desde ese momento fue reelegido en tres oportunidades. Ahora va por la cuarta reelección a pesar que la Constitución de Bolivia no lo permite. La Carta Magna de ese país autoriza sólo dos mandatos consecutivos.
El tercer mandato de Morales fue posible por una burda interpretación de las leyes, algo parecido a lo que se ha hecho en esta ocasión.
Morales es un político que proviene del sindicalismo que también ha actuado como dirigente indígena. Luego se integró al MAS (Movimiento al Socialismo) con el que llegó a la presidencia.
Con esta manipulación de leyes en materia electoral se ha conseguido el absurdo de que en todo Bolivia, no sólo el Presidente pueda ser reelegido indefinidamente, sino que ahora también podrán continuar en el poder los gobernadores, los alcaldes, concejales y asambleístas.
El no reconocimiento del referéndum de 2016, en el que la ciudadanía se manifestó en contra de que Evo Morales volviera a ser candidato a presidente, es otra acción para comprobar el poco respeto que en ese país hay por la voluntad popular.
