Los fondos enviados por el Gobierno nacional para asistir a los damnificados del terremoto de la semana pasada llegan con el propósito de atender dos situaciones; por un lado la emergencia social que comprende la asistencia urgente de los afectados, y por otro prever una solución al tema habitacional, mediante la construcción de barrios o conjuntos de viviendas que recién estarán disponibles dentro de varios meses.

Respecto del primer objetivo, el de la asistencia urgente, es donde se han generado numerosas quejas referidas a la poca previsibilidad para que la gente afectada no tuviera que pasar momentos de angustia en espera de una ayuda que fue incompleta ya que, por ejemplo, no contempló necesidades básicas de las familias que estaban en la calle sin un sitio donde hacer de comer, dormir y asearse. Si bien a medida que fueron pasando los días surgieron soluciones, la situación vivida demostró que ni el organismo oficial de Defensa Civil, ni los municipios como intermediarios del Ministerio de Desarrollo Humano, estaban preparados para actuar efectivamente ante una catástrofe de estas características. En algunos casos tuvieron más injerencia otras organizaciones de bien público como Rotary, Cáritas Arquidiocesana o algunas ONG’s o grupos solidarios que estuvieron asistiendo en todo momento a los afectados. Se pudo observar que los municipios de los departamentos más afectados por el sismo se limitaron sólo a recorrer las zonas para determinar si había daños materiales o pérdidas de vidas, sin determinar qué hacer con la gente que se había quedado sin vivienda, a tal punto que en los primeros momentos eran muy pocas las familias que figuraban entre las evacuadas. 

Son los municipios, los que con el apoyo de Defensa Civil y demás organismos de gobierno, deben actuar ante una emergencia con un plan preestablecido, debidamente estudiado y evitando que queden acciones pendientes, ya que se entiende que la emergencia debe ser atendida de inmediato para evitar secuelas propias de la situación que se está viviendo. 

En los municipios sostienen que se ha actuado rápidamente, pero es un hecho que los damnificados se han quejado en numerosas ocasiones por la falta de atención. En tanto los fondos nacionales por más de 400 millones de pesos para la emergencia y los 7.100 millones que se emplearán para construir 1.800 viviendas, sumado a lo dispuesto por la provincia y otras dependencias nacionales, han comenzado a fluir en medio de reclamos de los siniestrados. 

Las comunas tendrán que optimizar sus sistemas para atender las emergencias en futuros terremotos u otro tipo de catástrofes, como lluvias o vientos, que también suelen ocasionar grandes pérdidas. Es lamentable que en esta ocasión no se haya actuado a la altura de las circunstancias y que la ayuda no llegara más rápidamente y en una forma más digna.