El objetivo del Gobierno nacional de conseguir este año la sanción de la ley de responsabilidad penal juvenil, que incluye la polémica baja de la imputabilidad de los 16 a los 14 años, apunta más a cumplir con la imposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que el país ajuste su marco legal a los estándares internacionales, que a solucionar los reales problemas que promueven la delincuencia juvenil Esto ha provocado que varios sectores de la sociedad hayan salido en contra de la iniciativa, por considerarla innecesaria, a pesar de que en 6 países latinoamericanos la imputabilidad está fijada en 14 años.


Para atacar realmente los factores que actúan promoviendo que los jóvenes se inclinen hacia la delincuencia, sin necesidad de tocar el tema de la imputabilidad, hay que apuntar a mejorar las condiciones familiares en lo referido a la educación, la salud y la vivienda, como también a la necesidad de promover los valores morales. Esto implica que hay que dar a los niños y a los adolescentes, principalmente los que forman parte de familias disgregadas o disfuncionales, toda la atención posible para evitar que ese ámbito incida negativamente en su formación.


Respecto de la educación, hay que asegurar una escolaridad regular y de calidad. Esto no sólo implica adquirir conocimientos, sino también aprender las normas sociales básicas.


En relación a la salud, hay que garantizar que el niño, en su paso a la adolescencia, pueda crecer y desarrollarse saludablemente tanto en lo físico como en lo psíquico. En nuestra provincia, el programa Mis Primeros Mil días contribuye con este aspecto, aunque hay algunos especialistas como Sebastián Lipina (Cemic-Conicet) que habla de los 6.000 días, que son los que se necesita para llegar a adolescentes de 17 años. Dentro de esta etapa, darle una solución al tema de las adicciones es impostergable.


El tema vivienda es importante ya que es el hogar el que crea el ámbito para que el chico crezca contenido. La interrelación entre cada uno de estos factores es lo que contrarrestará la posibilidad de que un joven se incline hacia la delincuencia o a la vida honesta. Mientras tanto los niños o jóvenes que delinquen por cualquier causa, necesitan reeducación en institutos que suplan las carencias de su vida anterior. Es decir, afecto, cuidado de su salud física y espiritual hasta reconvertirlo en una persona que pueda afrontar los desafíos de la vida. En esto no hay fórmulas mágicas y es el Estado el que debe propender a que estas condiciones se cumplan dentro de la política de acción social.