Cuando todo parecía que el anhelo independentista de Cataluña se podía concretar sin mayores inconvenientes, el factor económico comenzó a ser decisivo. Las grandes empresas comenzaron, en estos últimos días, a emigrar desde esta región hacia Madrid u otras capitales de España complicando la situación social. Entre ellas se destacan las biotecnológicas, operadoras de telecomunicaciones, bancos como el Sabadell, Mediolanum y el CaixaBank, textiles, Gas Natural Fenosa, compañías de asesoramiento profesional, Aguas de Barcelona, grupos de estaciones de servicio, etc.

Desde el 1 de octubre se han ido casi 30 empresas, y desde hacen 5 años, que es cuando se comenzó a hablar de la separación, más de 4.800. Esta situación sumada a las advertencia de Madrid de que el PBI de Cataluña caerá un 30% de separarse, o que quedará fuera de la Unión Europea y del Euro, al no recibir el apoyo de varios países de esa comunidad, es lo que ha motivado a que millones de catalanes salieran a las calles el domingo último a pedir que no se concrete la separación de España.

La salida de empresas va creciendo ante el clima de inestabilidad, improvisación e irresponsabilidad, que genera una posible declaración unilateral de independencia. Después del referéndum ilegal en Cataluña el 1 del corriente, continuó con una jornada de huelga general para tratar de reforzar los planes de secesión del gobierno catalán de Carles Puigdemont, pero el martes de la semana pasada las empresas comenzaron a anuncian su salida de esta comunidad por miedo a un desenlace que afecta de lleno a sus finanzas.

A partir del viernes último esa tendencia se aceleró en la medida que Puigdemont expresó que desde ayer podría declararse la independencia y después de que el Gobierno español aprobara un decreto ley para facilitar que las empresas que quieran trasladar su domicilio social lo hagan sin que la decisión requiera la aprobación de la junta de accionistas de la compañía.

El argumento que la mayor parte de las compañías esgrime es que se trata de un movimiento estratégico para proteger los intereses de sus accionistas, sus clientes y sus empleados.

Sin duda pesa ahora más que antes la pretensión supremacista de un grupo de catalanes, que evidentemente no tienen ni apoyos legales ni técnicos para convencer a la ciudadanía.