Todo indica que antes de fin de año el Gobierno nacional no podrá insistir en la sanción de una norma legislativa que es clave en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Se trata de la ley de extinción de dominio, que apunta al decomiso de bienes adquiridos con dinero de origen ilícito.
Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en junio del año pasado y girada de inmediato al Senado donde actualmente está completamente trabada, sin posibilidades de ser aprobada a corto plazo. El propio Gobierno ya la ha dado por caída, por lo que dio instrucciones al Ministerio de Seguridad de la Nación que prepare un nuevo proyecto para ser presentado después de las elecciones de octubre próximo.
El proyecto fue impulsado en Diputados por el bloque que lidera Sergio Massa, y obtuvo la media sanción correspondiente a pocos días del escándalo del funcionario kirchnerista José López, detenido en momentos que intentaba dejar bolsos con dinero en un convento. Al Gobierno le interesa que salga esta ley, ya que la actual campaña electoral está basada en el esclarecimiento de casos de corrupción de la anterior gestión. Fue en el Senado donde encontró resistencia en el bloque PJ-FPV, con el argumento de que la redacción de la norma era mala, que el procedimiento de decomiso que se proponía era complejo y que vulneraba el derecho constitucional a la defensa. De todas formas, en noviembre último se consiguió un dictamen de la Cámara Alta, aunque con una serie de modificaciones como el traslado del Fuero Civil al Penal del trámite de extinción de dominio. Desde el Senado se pretende que Diputados no insista en el proyecto original, pero hasta la fecha no se ha logrado un acuerdo.
El nuevo texto del proyecto que está preparando el Gobierno retoma la idea de que la extinción de dominio sea autónoma del proceso penal. Es más, prevé la creación de un Fuero Especial de Extinción de Dominio que posibilite recuperar esos bienes, sin acreditar la culpabilidad del imputado. Es decir que se propicia su quita antes de que se reciba la condena penal.
La entrega hace unos días a la Prefectura Naval del lujoso yate que se le secuestró al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, para tareas de patrullaje en el Delta, es una muestra de cómo funcionaría la ley.