La ciudadanía sigue preguntando dónde irán definitivamente los cuantiosos bienes secuestrados a los que vaciaron el país con actos de corrupción, durante la década anterior, y la respuesta la debe dar el proyecto de ley de Extinción de Dominio, con media sanción de Diputados, y trabada en el Senado de la Nación desde hace un año. 

Esta iniciativa, impulsada por el diputado Sergio Massa en junio de 2016, es amplia ya que prevé recuperar no sólo los bienes provenientes de la corrupción política sino del narcotráfico y del lavado de dinero. De contarse con esta norma, se podrían traspasar a la órbita de las fuerzas de seguridad centenares de autos, motos, lanchas y aviones que fueron secuestrados por la Justicia y que están en dependencias oficiales, por ejemplo. 

A pesar de la necesidad del ordenamiento, el proyecto aprobado en la Cámara Baja fue muy criticado por los senadores, por lo que le introdujeron muchos retoques a mediados de noviembre último pero nunca pudo tratarse en el recinto. La morosidad se centra en cuestiones subalternas que nada tienen que ver con el espíritu de la ley, por ejemplo que fue idea del massismo donde piden que se la destrabe. Pero también el mayoritario bloque justicialista-Frente para la Victoria exige garantías para que el Senado no altere el proyecto original. 

En el kirchnerismo legislativo se afirma que es una norma inconstitucional porque permitiría confiscar los bienes antes de que la condena esté firme y que se la podría usar para perseguir a opositores. Por lo tanto exigían que los senadores no toquen ni una coma del texto de media sanción, en tanto en el Senado buscan negociar que Diputados no pida la insistencia. 

Todo indicaría que el pleito se resolverá después de las elecciones de octubre, cuando la cuestión partidaria deje lugar a la verdadera intención de esta ley necesaria. Mientras tanto seguirán esperando destino los aviones, maquinaria vial y equipos secuestrados a Lázaro Báez, las propiedades y bienes de la expresidenta y exfuncionarios y las valijas repletas de dinero revoleadas por José López en un convento bonaerense, para citar los casos más escandalosos de la corrupción gubernamental.