La Argentina tiene una imagen negativa en el mundo de los negocios por los complejos requisitos burocráticos que se deben sortear para establecer un emprendimiento productivo, pero no basta superarlos para instalarse definitivamente en nuestra economía. Las obligaciones administrativas y fiscales son implacables y crecen históricamente. 

Si bien la informática atenúa los mecanismos, la burocracia estatal se ha transformado en parte de la cadena productiva debido a normas que muchas veces son consecuencia de ciertas políticas caprichosas para disciplinar a determinados sectores, como ocurrió en la década anterior con las exacciones en el sector agropecuario. 

Como ha señalado una de las entidades rurales del país, un productor mediano debe dedicar más de la mitad de su tiempo a realizar trámites burocráticos para poder cumplir con las exigencias, en especial de la Afip, muchas de ellas establecidas a partir del conflicto entre el kirchnerismo y el campo. 

Los productores se ven obligados a informar la superficie sembrada; la capacidad productiva con cantidad cosechada para la venta, con sus referencias geográficas, las toneladas para acopios en granos con una serie de normas para justificar kilos que siempre varían por manipulación y traslado. Nada se salva de los controles para poder vender el producto. Las obligaciones burocráticas afectan en particular a las pymes elevando sus costos administrativos hasta hacerlos insostenibles debido a los profesionales que deben contratar por los engorrosos trámites. 

Y todo esto sin contar con los impuestos provinciales y contribuciones municipales a veces superpuestos si el producto transita por varias jurisdicciones rumbo a los mercados. Muchas provincias exigen guías para el traslado de hacienda, trámite que debe ser personal en cada municipalidad con pagos exclusivamente en efectivo, en tanto otras comunas también exigen el pago de un permiso de marcación por cada ternero nacido, dos variantes de recaudación fácil. 

La orden del presidente Macri es luchar contra el papelerío, es decir simplificar la burocracia y de alguna manera la Nación lo está haciendo, pero el universo estatal es muy grande y complicado.