El delito por calumnias e injurias está tipificado en los artículos 109 y 110 del Código Penal, pero nunca había sido aplicado en la Argentina para agravios vertidos en las redes sociales. El caso Frydlewskym contra Lang, correspondiente a una querella presentada por un hombre que se sintió agraviado a raíz de una serie de tuits enviados por una mujer, hizo que por primera vez en nuestro país se aplicara una pena por calumniar e injuriar abiertamente a través de internet, consistente en cumplir 150 horas de tareas comunitarias.

Se trata de un fallo, como también de una condena, sin precedentes para los casos de agravios entre particulares a través de las redes sociales, que hasta el momento no eran tipificados como un delito y estaban exentos de castigo penal y económico.

Esto marca el principio de una corriente judicial muy positiva ya que limita el uso de las redes sociales evitando que estas sean utilizadas para campañas o acciones de desprestigio de una persona o institución en particular. Es un avance hacia un uso racional de las nuevas tecnologías tratando de despojarlas de una violencia que es cada vez más común y que algunos han denominado como el "lenguaje del odio".

Las agresiones de la mujer contra el hombre ocurrieron en mayo de 2017 y tras la querella correspondiente, en noviembre pasado se realizó una audiencia de conciliación prevista para este tipo de delitos. En esa oportunidad se pidió a Mónica Lang que se retracte a través de la publicación por tres días en diarios de publicación nacional, además de un pago de una suma importante de dinero. Hace unos días, la mujer contestó que no tenía medios para afrontar dicha suma, a partir de lo cual la querella solicitó al juez del tribunal 22 de Capital Federal, Ángel Nardiello, que realice las tareas comunitarias en una entidad de bien público, como uno de los centros de Cáritas más cercano a su domicilio. De esta forma quedó eximida del castigo económico, pero se le exigió publicar la parte resolutiva de la sentencia, durante tres días seguidos, en los dos diarios nacionales de mayor tirada.

Durante el proceso judicial se hizo alusión a que hay que tomar conciencia de que acusar falsamente a una persona de la comisión de un delito en las redes sociales, en este caso Twitter, es un hecho grave que causa un gran daño en lo personal y profesional a una persona y que la justicia no puede permitir que estos hechos sigan sucediendo y que no tengan consecuencias.