El Gran San Juan y zonas urbanizadas de otros departamentos están afectadas por un parque automotor que en las horas pico se torna en caótico por la cantidad de vehículos en circulación, los colmados espacios para estacionar y la desaprensión de muchos que apremiados por llegar a sus ocupaciones violan las normas básicas. Todo esto sin contar con calles y avenidas limitadas por cortes debidos a nuevas obras o un estado precario que obliga a maniobras de urgencia para sortear baches, zanjas mal compactadas y una señalización ausente. Si se suman quienes hablan por celular mientras conducen y el estado deplorable de algunos rodados, se llega a una combinación de factores para convertirlos en siniestros.
Es decir, no son causales de accidentes como se denominan a todos los problemas, sino que por ser evitables al no mediar lo fortuito, es la culpabilidad de todos los actores. Frente a estas situaciones, las autoridades encargadas del sistema vial han adoptado medidas tendientes a obligar a bajar la velocidad, apelando a ensayos carentes de la participación de especialistas y hasta del sentido común.
Cada gestión municipal improvisa con reductores de diferentes tipos dentro de su ejido: lomadas, pianitos y otros obstáculos cada vez más agresivos, como las últimas lomadas chatas con cruce peatonal elevado, construidas en Capital. Se da el caso de levantar un reductor de estas características en calles semaforizadas, como ocurre en San Luis y Av. Alem . En esta intersección hay semáforos cuyo sincronismo permite la “onda verde” entre Av. Rawson y Av. España, pero lo interrumpe la lomada. También frente a la Legislatura donde hay semáforos, lomadas peatonales y pianitos. Estos obstáculos en la calzada, de dudosa eficacia ya que casi nadie los respeta, se abandonan de una manera que la pintura desaparece en pocos días y todo se mimetiza del color del pavimento creando trampas para los distraídos.
El reductor de valocidad es un recurso válido, pero en manos de especialistas y responde a estudios de velocidades y densidad de circulación. No son decisiones demagógicas que luego enfrentan a los vecinos o generan peligros potenciales.
Así como se exige estudios de impacto ambiental para obras de trascendencia social, se debe informar cuál es la política que imponen los reductores indiscriminados. Un buen tema para que intervengan los concejales.