La conformación de consorcios de empresas constructoras para obras de envergadura financiadas por el Estado provincial, deben integrarse con capitales sanjuaninos y, en casos particulares de provisión de elementos, los subcontratos también deben ser para firmas locales. 

La medida se suma a otros beneficios, caso del sistema del Compre Sanjuanino, a fin de beneficiar a los proveedores en las compulsas de precios en las ofertas licitatorias entre presentaciones foráneas e interesados de nuestro medio. Este modelo ya está vigente y la normativa apunta a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integradas para construir las grandes obras licitadas en San Juan con recursos provinciales. 

Como se anunció en abril pasado, este modelo es aplicable a la nueva Penintenciaría y al Velódromo de la Ciudad Deportiva, dos emprendimientos con llamados a interesados, ya inscriptos con la exigencia de tener un 30% de capitales sanjuaninos en la composición de la UTE. Estos últimos con domicilio y obligaciones fiscales en la provincia. Las proyectadas Ciudad Judicial y la nueva Terminal de Ómnibus tendrán igual mecanismo para incluir a capitales sanjuaninos y con son antecedentes para tener en cuenta en megaobras futuras. 
La idea que ha priorizado el Gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura es económica, de manera que una buena parte de los beneficios obtenidos por estos consorcios queden en San Juan y se proyecten en la generación de mano de obra más allá de la propia construcción, es decir en las tercerizaciones que se demanden. 

Por ejemplo, en la construcción del nuevo Velódromo está previsto un techo metálico y este trabajo debe ser asignado a una firma metalúrgica subcontratada en virtud de que aquí existe una capacidad instalada para fabricar estructuras de este tipo, como se ha podido comprobar con los trabajos especiales ordenados por la gran minería. 

Vale aclarar que las UTE con integración de porcentaje doméstico se limita a proyectos financiados por la Provincia y con único propósito de fortalecer la economía mediante la obra pública, ya que no se incluyen futuras licitaciones nacionales o internacionales en esta jurisdicción.