Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia han sido históricamente tensas por problemas fronterizos, agudizándose en los años de los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, hasta la actual ruptura total con una escalada de fuego cruzado entre militares bolivarianos y grupos irregulares, entre ellos disidencias de las disueltas FARC, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y narcotraficantes, incluyendo al cártel mexicano de Sinaloa.


El epicentro de los combates es la zona fronteriza del río Arauca, en Colombia, de alto tránsito de civiles que huyen de la crisis humanitaria generada por el gobierno de Nicolás Maduro, acentuada por el drama sanitario de la pandemia con miles de muertos y desplazados. Además de familias hacinadas en carpas de campaña sobreviviendo en suelo colombiano como refugiadas que reciben ayuda internacional donde habitan más de cinco millones de personas.


Para el gobierno de Colombia lo que se está viviendo es una guerra entre mafiosos por la complicidad del régimen de Maduro con el narcotráfico, en una escalada armada que representa una amenaza para la seguridad regional. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidente chilena Michelle Bachelet, visitó la zona desbordada en marzo, cuando comenzaron los enfrentamientos, en una misión de verificación internacional con delegados de Alemania, Brasil, Canadá, Francia y Reino Unido, junto a autoridades de Colombia, confirmándose ejecuciones extrajudiciales y detención de periodistas y defensores de derechos humanos.


Lo que se reclama con urgencia es la intervención directa de las Naciones Unidas, que tiene mecanismos para intervenir en esta crisis, sin tener que pasar por el Consejo de Seguridad, donde tienen más peso los factores geopolíticos. Decenas de ONG y miembros de la sociedad civil han reclamado a la ONU un enviado que sirva de nexo entre Venezuela y Colombia para evitar el escalamiento armado, pero la intervención del secretario general, António Guterres se mantiene en silencio.


Todo se agrava por la ausencia de negociaciones. Venezuela califica a Colombia como un "narcoestado'' señalando que la población fronteriza no está bajo el control del Gobierno, y Bogotá, a su vez, no reconoce a Maduro desde 2019, como la mayoría de los países, por los fraudes electorales para aferrarse al poder. Desde entonces dos millones de emigrados venezolanos se quedaron sin servicios consulares.