Avanza decididamente el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que el Gobierno nacional prevé implementar a la brevedad dentro de su programa de optimización de la judicial y de seguridad. A pocos días de haber presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación el texto del proyecto de ley, con el objeto de que se tratado durante el mes de marzo, ya han comenzado a trascender algunas precisiones de la norma que fundamentalmente tiene como objetivo establecer la responsabilidad penal a los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 al momento de la comisión de un delito, es decir una baja en la edad de imputabilidad que antes estaba fijada en los 16 años. Con esta medida se pretende que el Estado de una respuesta efectiva a muchos chicos que van en camino de la delincuencia amparados por su edad, cuando se ha comprobado que a partir de los 15 años están en condiciones de discernir las actitudes negativas de las positivas en el marco de los comportamiento delictivos.
Más allá de los aspectos técnicos del proyecto de ley cobra fundamental importancia la consigna de que la privación de la libertad del imputado se aplicará como último recurso, de forma "fundada y revisable” y que los adolescentes detenidos no podrán ser trasladados a prisiones comunes junto con mayores de edad. Es en este aspecto donde cobra importancia la implementación de los lugares de detención que deberán habilitarse conforme a lo que establece la norma. Es necesario que se prevean lugares acordes para detenciones transitorias o de mayor duración, que posibiliten un tratamiento especial para los imputados ya que el objetivo final de este proceso debe ser el de lograr la recuperación del adolescente y no una condena social y penal que lo marque para toda la vida. Los centros de detención deberán tener características especiales evitando ser solo sitios de reclutamiento en los que no se ofrezca una rehabilitación en base a los valores sociales que los chicos deben recuperar para reinsertarse en la comunidad, haciéndose responsable de sus actos.
Más allá de la importancia que adquiere la baja de la edad de imputabilidad en el sistema de seguridad de nuestro país, también hay que tener en cuenta la política de prevención para evitar que los adolescentes incursionen en la delincuencia. Hay que consignar que se trata de una franja etaria muy vulnerable que debe estar siempre en la consideración de todas las políticas sociales que se implementen.