El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a través de su Unidad Ejecutora Provincial de Regulación Dominial, acaba de posibilitar que más de 400 familias de distintos barrios construidos en diversos puntos de la provincia realicen la escritura de sus viviendas, un trámite que es posible concretar gracias a una ley provincial en vigencia desde el año pasado que ofrece una serie de ventajas para el adjudicatario, entre ellos consolidar el sentido de pertenencia del inmueble, convirtiéndolo también en sujeto de derecho y obligaciones respecto al uso de la vivienda y la regularización del pago de los servicios por inmuebles.
Al momento de sancionarse la Ley que crea un régimen excepcional de escrituración de los inmuebles en los que se han construido o financiado viviendas por el IPV, en Mayo del año pasado, en la provincia habían 44.000 viviendas sin escriturar, número que se está reduciendo significativamente a medida que se avanza con este proceso que llevará algunos años, habiéndose completado hasta la fecha menos del 50% del total.
Las actuaciones administrativas que lleva a cabo la Unidad Ejecutora para la escrituración de las viviendas tienen carácter preferencial y urgente, lo que hace que los adjudicatarios beneficiarios gocen de la gratuidad en los costos de escrituración. También es importante destacar que las deudas por impuestos, tasas y contribuciones que posee, a la fecha, el inmueble no constituyen impedimento para el otorgamiento de las escrituras, ni obstaculiza la aprobación de las mensuras realizadas en el marco de la ley que dispone el régimen de escrituración. Y que quienes tengan deudas ante el IPV por el pago de la vivienda, podrán acogerse al beneficio regularizando la misma o acogíendose a un plan de pagos.
Esta regularización es importante desde todo punto de vista y sería conveniente que todos los adjudicatarios de casas o departamentos del IPV se interesaran en realizarla, ya que es una forma de ordenamiento dominial que cumple con los objetivos del Estado de proporcionar viviendas sociales a los sectores menos pudientes de la sociedad.
Tanto el particular como el Estado se benefician con esta regularización, generando un propietario de la vivienda única de pleno derecho, y el Gobierno obteniendo las herramientas para poder avanzar en obras de urbanización y prestación de servicios en distintos ámbitos. Es decir una política pública de integración social y urbana que apunta a ampliar y mejorar la infraestructura el acceso a los servicios y el tratamiento de espacios libres y públicos.