Este año, el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, se ha visto obligado a tomar medidas de trascendencia para la Iglesia local, como la separación del cargo del sacerdote Walter Bustos, después de una denuncia de abuso contra un menor; la aceptación de la renuncia del sacerdote José "Pepe” Ortega, también involucrado en un caso de índole sexual y ahora la creación de una norma para prevenir el abuso infantil en ámbitos de la Iglesia, con la que se busca "evitar tapar estos casos porque hace mucho daño”.

En todo momento el obispo actuó en forma determinante ajustándose, en los dos primeros casos, al procedimiento estipulado por el Código de Derecho Canónico y las normas establecidas por la Conferencia Episcopal Argentina.

Se tuvo en cuenta que el comportamiento de los religiosos ocasionó graves efectos en el seno de la grey católica sanjuanina, la que se ha visto duramente afectada por los acontecimientos. Al momento de los sucesos, Bustos se desempeñaba en la parroquia de Angaco y Ortega en la Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en el Barrio Güemes de Rawson.

Monseñor Lozano supo interpretar la gravedad de los hechos y más allá de lo que le corresponde a la Justicia en materia de investigaciones y sanciones -ámbito al que fueron derivados los casos- se encargó de proceder correctamente con la separación de los sacerdotes. En ese sentido aportó una investigación preliminar que ayudó a establecer la veracidad de los hechos, algo que resulta de gran utilidad para la Justicia, al menos en el caso Bustos, ya que en el de Ortega se estableció que no habría presunción de delito penal.

La decisión de comunicar de inmediato a la comunidad cada uno de los hechos, como ahora el dictado de una norma para prevenir el abuso infantil en el seno de la Iglesia, también ha sido visto como un procedimiento acertado por parte del obispo, ya que en la transparencia de los hechos y en la forma de actuar de la Iglesia se basa la confianza que Lozano está infundiendo en la comunidad católica.

Hay que tener en cuenta que separar a un sacerdote de sus funciones, aceptar su renuncia o admitir que en la Iglesia puede haber abuso infantil, no son cosas sencillas ya que tienen implícitas una serie de connotaciones que ponen en evidencia una crisis dentro de la Iglesia. Pero, como lo ha demostrado monseñor Lozano, esto no puede ser obstáculo para que las autoridades eclesiásticas actúen como corresponde, llevando a la gente la tranquilidad de que la conducción está en manos de religiosos con criterio, capaces de actuar con sentido común y con la máxima responsabilidad que otorga la jerarquía que ejercen.