Hace unos días una lectora de este diario denunció los actos vandálicos perpetrados contra los flamantes bancos colocados en la plaza España y en el espacio verde del complejo Ferrourbanístico, en las inmediaciones de calle Las Heras, entre Libertador y San Luis, de la ciudad Capital. El mobiliario recientemente estrenado fue salvajemente rayoneado con leyendas ofensivas y curiosamente nadie identificó a los vándalos que actuaron con total impunidad, presumiblemente en horas de la noche.

La semana pasada fue el propio intendente de Caucete, Julián Gil, quien dio cuenta de los daños provocados en el Parque Libertadores de América, inaugurado en marzo último. En este sitio los vándalos arrasaron con las lámparas led del sistema de iluminación, valuadas en 2 millones de pesos, destrozaron juegos infantiles y para adultos e intentaron llevarse las columnas de las luminarias. Nuevamente todo esto ocurrió sin la mínima intervención de fuerzas de seguridad o vigilancia y bajo la más absoluta impunidad de no conocer hasta la fecha quienes son los autores de los atropellos. En este último caso, hay una denuncia policial y el pedido concreto de intensificar la vigilancia de los espacios públicos, pero al mismo tiempo hay un gran escepticismo por parte de las autoridades municipales de que la vigilancia pueda ser efectiva y que con ello cesen la gran cantidad de hechos vandálicos que se registran en las plazas cauceteras.

En el resto de la provincia la situación no es muy diferente y es por ello que cabe preguntarse si resulta conveniente implementar una mayor vigilancia policial mediante la intensificación de rondas diurnas y nocturnas; colocar cámaras de seguridad en los principales paseos o lugares públicos a fin de identificar a los vándalos o volver al antiguo -y no por ello menos eficiente- sistema de serenos o placeros que en contacto directo con la policía eviten estos desmanes que salen muy caros al erario público. Es cuando comienza a considerarse la ecuación costo-beneficio, ya que es por todos conocido que cualquier daño que se comete en los espacios públicos tienen un costo muy elevado para su reparación.

Preocupa saber que todos los esfuerzos que se realizan para mejorar la calidad de vida de los vecinos, como también para que cada una de las zonas se vean estéticamente agradables, tengan que sucumbir ante la acción de grupos de inadaptados que no logran ser frenados por las fuerzas del orden, ya sea porque no acuden a tiempo o porque son deficientes los sistemas de vigilancia al no estar coordinados convenientemente con los municipios o demás organismos responsables del cuidado del patrimonio público.