La capacidad de organización de la protesta callejera viene creciendo de manera exponencial, tanto en cantidad de movilizaciones como en los detalles para que los reclamos tengan cada vez más contundencia mediática, lo que requiere de un aparato propagandístico tan aceitado como costoso. Y en el ciudadano común, que sufre las consecuencias de la paralización del transporte y otros servicios, surge el interrogante: ¿Quién paga el tremendo costo de la exteriorización del descontento?
Estas movilizaciones tienen una logística admirable, que funciona a la perfección, desde los colectivos contratados para llevar manifestantes y vehículos de apoyo que en general transportan las viandas para los manifestantes, hasta el aparato destinado a alterar la actividad normal de una ciudad, en particular Buenos Aires.
Las grandes pancartas, las banderas con la doble función de enarbolarlas y usarlas de manera amenazante como lanzas en manos de encapuchados, y los activistas con vestimenta identificadora de los sectores que representan, indican que nada dejan al azar. Menos si las protestas sociales terminan en un acto público donde se ha levantado un escenario con equipos de audio y video que comienzan a instalar el día anterior.
Hay millones de pesos de por medio y se sabe que existe una verdadera "industria del piquete" para proveer todas las necesidades de propaganda, transporte e insumos de las movilizaciones, comida para los participantes y bebidas, remeras, y un salario por el día de participación. Hay grupos de choque que funcionan como una especie de personal de seguridad -se suman barrabravas rentados-, para el control de los activistas, evitar posibles infiltrados, y estar prevenidos ante una probable represión de las fuerzas de seguridad.
Motorizar esto ha llevado a conjeturar sobre el origen de los fondos que financian las protestas piqueteras. La ministra de Seguridad advierte que los fondos de ayuda social se están utilizando para financiar los piquetes.
Se especula con recursos sindicales, desviaciones de los planes sociales, dinero proveniente de la corrupción política y de los propios partidos de izquierda, sin que ninguna autoridad administrativa o judicial haya avanzado hacia conocer la verdad.
Lo realmente preocupante es una especie que ya llegó a la investigación periodística: hay versiones sobre probables aportes del narcotráfico para financiar estas movilizaciones. Puede aparecer como una variante descabellada teniendo en cuenta las cuantiosas sumas de las cajas sindicales, pero debe recordarse que ningún gobierno ha combatido tanto a los narcos como el actual.