Las investigaciones periodísticas en estos últimos años han sido aliadas del Estado de Derecho como nunca en la Argentina, ya que revelaron hechos de corrupción política sin precedentes y sacaron de la modorra tribunalicia a magistrados complacientes o temerosos, para volcarse de lleno a las causas delictivas que han conmocionado a la opinión pública. La tarea de la prensa independiente descubriendo a los que usufructuaron el poder para el enriquecimiento ilícito, aflora las amenazas vengativas ante la posibilidad de un retorno.
La mención al pasar de un humorista militante de crear una "Conadep del periodismo” para recibir denuncias contra medios y trabajadores de prensa, para luego denunciarlos ante la justicia o la opinión pública, marca un paralelismo absurdo con la comisión que recopiló pruebas del terrorismo de Estado, a pedido del gobierno de Raúl Alfonsín. La idea de Dady Brieva podría haber sido otra humorada falaz si no hubiese sido avalada por intelectuales del kirchnerismo, como el escritor Mempo Giardinelli, quien además le puso nombre a este tribunal inquisidor: "Comisión Nacional sobre la Desaparición del Periodismo Ético” o Conadepe.
Es evidente que en ese sector político se elucubran planes reivindicatorios del modelo anterior con mayor rigor, como la eliminación del Poder Judicial para reemplazarlo por un sistema de Justicia popular, aunque la especie haya sido rechazada por el precandidato Alberto Fernández, quien tampoco comparte la idea de Brieva, según aclaró. Pero es llamativo que este y otras personalidades del quehacer político no se hayan pronunciado de manera categórica contra los que ignoran la salvaguarda constitucional de la libertad de expresión.
Peor todavía es el desconocimiento del papel del periodismo que hace el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al citar a prestar declaración indagatoria al periodista Daniel Santoro, del diario Clarín, acusado de ser partícipe de una maniobra de espionaje, al nutrirse de la información que le proveía una organización delictiva. Santoro debe presentarse el 17 de julio venidero, ante la posibilidad de quedar procesado y hasta detenido, por no revelar el secreto profesional que ampara al periodismo.
Los intentos de criminalizar a la prensa independiente deben ser repudiados por todos los sectores de la vida nacional que defienden las libertades supremas y, en particular, de las fuerzas políticas y entidades sustentadas en el marco democrático. Es inconcebible apañar medidas persecutorias contra quienes pacientemente pusieron al descubierto hechos que son ahora decenas de causas judiciales.