El estallido de violencia del viernes último en Río Gallegos, frente a la casa de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, fue una bomba de tiempo política que hizo detonar la convocatoria vecinal por las redes sociales al que se sumó el sindicalismo local. La consigna de la movilización fue tan simple como pedir el pago de los sueldos estatales.

Este problema del caótico estado de las cuentas públicas fue bastante parecido al que recibió el Gobierno nacional de la administración kirchnerista, aunque la gobernadora no puede echarle la culpa públicamente a sus familiares y socios políticos que gobiernan esa provincia desde hace más de 25 años.

Más grave todavía porque es tal vez de la provincia más rica de la Argentina por su enorme potencial en petróleo, minería, pesca y turismo y porque en la década de los 90 recibió alrededor de mil millones de dólares en regalías y nunca de precisó su destino.

El más de dos décadas de gobiernos kirchneristas nunca hubo un modelo industrializador ni estrategia de desarrollo en la matriz productiva en la segunda provincia petrolera y el desgobierno se fortaleció por el atropello institucional que permitió el saqueo al Estado, como lo están comprobando diversos procesos judiciales.

El empleo público fue sostén del modelo populista que luego se trasplantó a la Nación y por eso Alicia Kirchner no tiene como pagar sueldos, ni las enormes transferencias nacionales que privilegiaron a Santa Cruz gracias a su hermano y su cuñada.

El macrismo ya envió a Santa Cruz adelantos financieros por 1200 millones de pesos para pagar los sueldos, y el año pasado 2000 millones, de los cuales la mitad fueron a la deuda impaga. La provincia además recibió 20 mil millones de coparticipación en estos dos años, junto al 15% que la devolución de coparticipación como el resto de las provincias y se le financió el desajuste de la caja de jubilaciones.

También le llegó un ATN y se le modificó el esquema de regalías de manera que en lugar de recibir 20.000 millones, Santa Cruz tendrá ahora 27.000 millones.

La Nación la seguirá ayudando, pero la gobernadora debe frenar el despilfarro, reducir el refugio de personajes políticos con enormes sueldos y hacer un ajuste contra el déficit crónico.