El fastidio de los usuarios de electricidad por los aportes compulsivos para municipios y recursos para obras del servicio se planteó en las reuniones convocadas para alcanzar los consensos del Acuerdo San Juan, y las críticas al sistema recaudatorio oficial se generalizaron después con 17 organizaciones sociales que rechazan una obra que consideran innecesaria y fuera de lo previsto en la ley 7638 que creó el Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socieconómico y Productivo (PIEDE).


Las críticas de la Federación Sanjuanina por la Equidad, a las que se sumó el diputado nacional Walberto Allende (PJ), apuntaron a una obra de oficinas, cocheras y depósito que prevé levantar el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) en un terreno ubicado en Rawson ya expropiado por el ente por 17 millones de pesos, pagados con el fidecomiso del cuestionado fondo y de la Línea de 500 kV que figuran en la boleta mensual del consumo eléctrico.


Los cuestionamientos al concurso para el anteproyecto del edificio han calificado de una idea inoportuna y fuera de lugar, en tanto el EPRE se llamó a silencio ante el requerimiento de este diario. Frente al confuso escenario, la opinión pública debe conocer cuáles son los alcances del PIEDE, cuya ley fue sancionada el 27 de octubre de 2005 con objetivos precisos y prioritarios, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. Más necesario todavía si hubo modificaciones legislativas y reglamentarias para mantenerla hasta el presente y haberse desvirtuado el propósito inicial.


En este contexto las autoridades también deben comunicar a la población cautiva de la boleta de luz, la marcha del Fondo Especial para la Línea de Interconexión en 500 kW entre Mendoza y San Juan, que fue creado por la ley 7480 sancionada el 29 de abril de 2004. La norma original es precisa al señalar, en el artículo 2º, que debía ser ejecutada y pagarse en dos años, a partir de su iniciación, pero de esta recaudación también quiere echar mano el EPRE para su polémico edificio.


Se sabe que la complejidad de estas leyes y los numerosos artículos de sus decretos reglamentarios, más las modificaciones sobre la marcha que escapan a la información diaria, hacen posible una continuidad tributaria de los usos y costumbres, como el Lote Hogar, por ejemplo, un aporte que debía terminar hace décadas y aún vigente. Los funcionarios, a los que les compete esta responsabilidad no deberían subestimar la paciencia del público.