Desde que los DNU (decretos de necesidad y urgencia) fueron incorporados a la Constitución Nacional en la reforma efectuada en 1994, han sido causantes de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, debido a que muchos mandatarios han preferido recurrir a estos decretos en lugar de acudir al Congreso Nacional para impulsar alguna norma o decreto gubernamental. Lo que hay que aclarar es que mientras el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, sí se lo habilita a dictar decretos de necesidad y urgencia ante circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes.
El rechazo del Senado al DNU de 366 artículos que presentó el actual gobierno a poco de asumir sus funciones, en diciembre pasado, con una serie de reformas y privatizaciones, sumado a la derogación de leyes y otras medidas controvertidas, representa un obstáculo para la administración del presidente Javier Milei que ahora depende de lo que resuelva la Cámara de Diputados de la Nación para conocer cuál será el destino de este paquete de decretos.
La modificación y derogación de leyes por parte del nuevo gobierno nacional propuesta a través del DNU no representa ninguna novedad, ya que fue la parte esencial de la campaña del líder libertario que prometió al electorado superar la crítica situación económica del país en base a cambios profundos.
El hecho de que la Cámara Alta no haya aprobado este paquete de decretos, en medio de un debate que no estuvo a la altura de las circunstancias, va contra la necesidad del gobierno de contar con las herramientas básicas para lograr el cambio profundo que se ha propuesto y que es apoyado por una gran mayoría de ciudadanos que confían en esta renovación.
El gobierno nacional se ha planteado una serie de prioridades para llevar adelante el cambio propuesto, en un esquema que requiere el apoyo de todos los sectores, especialmente del ámbito legislativo que es donde convergen todas las representaciones del arco político nacional. Las advertencias que se han hecho sobre algunas de las medidas que incluye el DNU tendría que haber sido suficiente como para avanzar en su implementación definitiva. Algo parecido ha sucedido con la Ley Ómnibus que contemplaba la mayoría de las medidas que necesita implementar el gobierno para lograr sus objetivos de transformación, que también fue rechazada en clara oposición a proporcionarle una herramienta legislativa acorde a las pretensiones de la actual administración.
El exceso de políticas sectoriales durante el tratamiento del DNU son las que no le han dado posibilidades al gobierno de poner en vigencia con todo su vigor normas ideadas para generar la transformación del país tantas veces reclamada, es un paso atrás en un proceso que se quiere impulsar con celeridad.
El gobierno debe tener la suficiente autodeterminación para aplicar las acciones que crea conveniente, las mismas que hizo que un elevado porcentaje de la ciudadanía votara este proyecto confiando en que es lo mejor para que la Argentina logre el despegue económico que todos anhelamos.