El robo de teléfonos celulares en nuestro país alcanza cifras extraordinarias, lo que ha llevado a que el Ministerio de Seguridad de la Nación en forma conjunta con el de Comunicaciones ordenen a las operadoras de este servicio la creación de un registro nacional de identidad de usuarios y la desactivación de aparatos denunciados como robados. La medida tiene cuestionamientos, ya que tanto el sistema de venta de componentes de los celulares como el de reducción y rehabilitación de equipos robados tiene vinculaciones muy complejas dentro del ámbito delictivo. 

El Gobierno ha tenido que salir a abordar este tema ya que la situación es muy grave. En cada hecho perpetrado no sólo se provoca un pérdida material de importancia, sino que también suele ir acompañado por daños físicos y psicológicos para quien resulta perjudicado, cuando el robo es precedido de un arrebato o una acción violenta. 

Se calcula que en el país hay alrededor de 60 millones de celulares de los cuales, en lo que va del año, ya han sido sustraídos 1.023.584. El año pasado se llegó a 1.800.000, determinándose que el mercado al que van dirigidos no sólo es interno, sino también que trasciende a países limítrofes. Otras estadísticas señalan que se roban 175 celulares por hora y que por mes el monto que suman los aparatos asciende a los 200 millones de pesos. 

La idea del registro de usuarios propone que ante una denuncia de un robo de celular, se identifique la unidad en base al número que trae cada aparato, para desactivarlo definitivamente, sin ninguna posibilidad de uso. Por lo consiguiente se desalienta la venta a un tercero. En este procedimiento es fundamental la función de las empresas operadoras y la posibilidad de blanquear todos los teléfonos del país. 

Como antecedente cabe recordar que en 2004 fue sancionada la Ley 25.891, que limita la venta de chips para líneas móviles a centros autorizados y define la creación de un registro público nacional de usuarios, pero que nunca se puso en vigencia. El motivo de la implementación es, según la resolución, además del robo un tema de seguridad en general. 

Si bien la base de datos es útil, el temor es que por sí sola sea insuficiente para combatir el delito complejo y el crimen organizado. Hay que tener en cuenta que la delincuencia en general, y en especial las bandas delictivas, basan su accionar en la utilización de teléfonos móviles, que seguramente buscarán la forma de no registrar.