Las contemplaciones judiciales que ha tenido OCA (Organización Coordinadora Argentina), la empresa de correo privado más grande de la Argentina, no han evitado que la deuda que mantiene con la AFIP (Administradora Federal de Impuestos) haya crecido considerablemente y la haya colocado en un estado de morosidad muy grave. La firma ligada, en su última etapa administrativa, al sindicalista Hugo Moyano acumula fundamentalmente una deuda de $5.850 millones, en concepto de falta de pago de los aportes a la seguridad social a los trabajadores en relación de dependencia y por retenciones no ingresadas de Ganancias e IVA.


Desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, son numerosos los casos de empresas que fueron detectadas evadiendo sus obligaciones tributarias, en perjuicio de las arcas del Estado. El Grupo Ceibo (ex Indalo) perteneciente al empresario Cristóbal López, constituyó uno de los casos emblemáticos ya que durante la etapa kirchnerista acumuló una de las deudas tributarias más abultadas debido a aportes irregulares de un conglomerado empresarial integrado por medios de comunicación, juegos de azar, alimentos y combustibles entre otros rubros.


En la mayoría de los casos este comportamiento corresponde a grandes grupos económicos y no a contribuyentes menores, como el caso de las pymes, que a pesar de afrontar graves problemas para dar cumplimiento con sus obligaciones, recurren a distintas acciones para estar al día con el organismo recaudador.


Sin duda que la evasión impositiva de los grandes contribuyentes es un factor que va en contra de las pretensiones gubernamentales de ordenar sus cuentas, y son recursos que están haciendo falta a la Nación para equilibrar su presupuesto e intentar alcanzar en anhelado déficit cero que se ha propuesto desde el Gobierno nacional.


Si bien es un hecho de que cada vez que la AFIP exige el pago de esas deudas millonarias pone en riesgo la continuidad de las empresas morosas, haciendo peligrar el destino de numerosos empleados -en el caso de OCA 7.000 empleados directos y unos 5.000 contratados- se debe solucionar este inconveniente de la forma menos conflictiva. El cambio de administración de esas empresas puede llegar a ser una salida ya que como se sabe cuando no hay vocación empresarial se hace muy difícil llevar adelante una buena administración por más rentable que parezca el negocio.