El atraso en el pago de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad en todo el país, que en algunos casos alcanzan al mes de mayo y en otros a un par de quincenas, ha develado un problema burocrático muy grave que está generado acusaciones cruzadas entre organismos de Gobierno, porque deja sin atención de prestaciones a un sector muy sensible de la sociedad.
El problema que, en términos muy curiosos es de todos los sectores que intervienen en el sistema de cobertura, y a la vez no es de nadie, ya que todos los eslabones de esta cadena aseguran que son ajenos a la crítica situación planteada, y que no pasa por ellos los atrasos que han derivado en las medidas de fuerzas que se han estado realizando, dejan a cientos de miles de personas con discapacidad sin sus tratamientos habituales, implicando en algunos casos un retroceso en sus terapias o un desmejoramiento de la calidad de vida en otros casos.
Los actores que intervienen en el sistema de prestaciones y que niegan tener problemas son las distintas obras sociales, la AFIP, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y hasta el Ministerio de Economía. Este último organismo era el principal sospechoso del agravamiento de la situación, porque se consideraba la posibilidad de haber implementado algunos recortes presupuestarios que involucraran al sector de discapacidad, pero a fines de la semana pasada aclaró que "si bien están recortando en áreas donde observan que se subejecuta, no se metieron con el tema discapacidad".
Por otra parte están las obras sociales que son las que denunciaron que no recibieron el dinero que debía llegarles para pagar a los prestadores.
Así, los otros organismos fueron, uno por uno, aclarando su situación, deslindando responsabilidades pero admitiendo que en algún lugar se genera una traba burocrática inconcebible y que requiere una urgente normalización.
Hay que aclarar que las prestaciones para personas con discapacidad son muy amplias y pueden ser desde una institución tipo hospital de día hasta una maestra integradora que acompaña en forma personalizada a un niño a concurrir a la escuela. O aquellas instituciones escolares o terapéuticas especializadas en la contención de personas con discapacidad, o el transporte para movilizarlas. Los fondos para cubrir todos estos sectores en general vienen de las obras sociales, pero si la persona no tiene obra social, el pago proviene de Andis, a través del programa Incluir Salud.
El dinero para este sector, sin duda, transita por distintas vías. Lo que se requiere es un urgente ordenamiento y una simplificación del sistema para evitar estos contratiempos que por más que ahora se solucionen, los problemas pronto surgirán de nuevo en algún momento.