El caso más emblemático es el de la automotriz Volkswagen que se ha comprometido en invertir en el país 650 millones de dólares para modernizar la planta productora de General Pacheco, en Buenos Aires, y el desarrollo de un nuevo modelo de vehículo SUV, también conocido como 4×4. Este desembolso se ha basado en dos aspectos fundamentales, la posibilidad de que la reforma tributaria beneficie al sector, con una reducción de los impuestos aplicados a la producción de automóviles, y por otro lado la predisposición del sector sindical representado por SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) que entendió que la fábrica en las condiciones en que se encontraba no era viable y que se tenían que permitir una serie de mejoras operativas para alcanzar una mayor eficiencia.

La otra automotriz es General Motors que ha previsto una inversión directa de 300 millones de dólares en la planta de General Alvear, en las afueras de Rosario, provincia de Santa Fe, para comenzar a producir un nuevo modelo y hay otros 200 millones de dólares de autopartistas y proveedores.

El “Plan un millón” y la Ley autopartista, son dos herramientas fundamentales promovidas por el Gobierno nacional que las automotrices han valorado a la hora de decidir sus inversiones.

En el caso de Volkswagen, ha sido decisiva la participación de los trabajadores a través de una mesa de consenso y diálogo que permitió destrabar la complicada situación en la que se encontraba la empresa y llegó a determinar las nuevas inversiones que se harán en Argentina. Los propios directivos de Volkswagen admitieron que también fue el diálogo con la gente de SMATA el que posibilitó este camino. Acordaron en forma consensuada una reducción de la plantilla de personal, la reducción del ausentismo, que estaba en el orden del 14% y, lo que se considera más importante y que va más allá de los números, se generó una identificación de la gente con la empresa algo que es necesario y justifica una inversión millonaria como la anunciada. Las empresas han hecho notar la necesidad de seguir trabajando en una reducción de presión tributaria, que actualmente ronda el 55% para los autos nacionales, para posibilitar mayores exportaciones, asegurar nuevas inversiones y la creación de puestos de trabajo.