Ha sorprendido a la opinión pública en general la intempestiva actualización del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya debatido y rechazado en el Congreso en 2018, pero ahora catapultado por el propio presidente de la Nación como promesa de campaña al colectivo feminista de pañuelos verdes, movilizado junto a militantes de izquierda cercanos al poder. El mensaje del mandatario ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado reactualizó el tema y busca celeridad legislativa para tener la norma cuanto antes en sesiones remotas.

No parece oportuno activar el aborto en la agenda oficial, aunque se aproxime la elección de medio tiempo, si consideramos la situación actual de la Argentina castigada por la pandemia y un caos económico con secuelas sociales sin precedentes, como la extrema pobreza, la paralización productiva, el desempleo, los niveles de hambre, inseguridad, y la educación colapsada por falta de presenciabilidad de los alumnos, entre otros estancamientos generalizados que se reflejan en la caída del crecimiento del país.

La dirigencia política en general y en particular los representantes ante el Parlamento, deben estar absolutamente dedicados a buscar soluciones a los problemas acuciantes y velar por el bienestar de todos los argentinos que reclaman soluciones por asuntos apremiantes con respuestas acordes con un Estado de derecho. Durante esta extensa cuarentena ningún medio de expresión y compulsa de encuestadoras han documentado en sus resultados la demanda del aborto como necesidad social insatisfecha.

Discutir una ley de sobre la interrupción voluntaria del embarazo ordenando la intervención del sistema de salud para la atención gratuita y obligatoria, implica un trabajo inoportuno para involucrar a diputados y senadores a tiempo completo empujados por el oficialismo para que esta vez no fracase el proyecto. Recordemos las maratónicas sesiones y la movilización de abortistas y de defensores de la vida por nacer, para volver a otro enfrentamiento social por encima de la racionalidad que exige este momento a la clase dirigente.

Resulta inadmisible también que el Ejecutivo nacional busque recuperar la iniciativa política por el lado del aborto como si hubiésemos alcanzado la ansiada "nueva normalidad" en este tiempo de contagios inmanejables entre otras secuelas del Covid-19 y del colapso socioeconómico fuera de control. Y como si fuera poco, ahondar la grieta poniendo sobre el tapete una polémica estéril e incontenible.