Desde todo punto de vista resultan inaceptables los tributos que se mencionan en la reforma impositiva para el vino y los espumantes, según los anuncios del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, al adelantar el proyecto con profundos cambios fiscales que deberá tratar el Congreso. La confirmación de gravar estas bebidas con 10% y 17%, respectivamente, implica un golpe de gracia a una de las economías regionales más castigadas por una serie de desaciertos políticos que le han restado competitividad a la industria vitivinícola. La importación de vino chileno, de menor calidad de los elaborados en nuestro país, por el agregado de agua, es una muestra de estos avatares.

La lógica de los números agrega más incoherencias políticas en relación al porcentaje impositivo, ya que si el productor participa en un 18% o un 20% en el precio final al consumidor, y el 17% es lo que le va a cobrar en el impuesto interno al litro de vino, prácticamente el Estado va a cobrar más que la cadena de producción. Estas cifras dan una idea de la exacción tributaria, sin considerar una colosal caída en las ventas de la "bebida nacional'' ya que sólo podrán acceder al consumo los sectores de mayores recursos debido al impacto de una carga ilógica.

El argumento de la imposición son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el ministro, sin advertir que el organismo internacional se refiere a las bebidas de alto tenor alcohólico y las azucaradas, mientras que al vino se le han ponderado las virtudes y la proyección económica y social señaladas en la ley y la reglamentación que protegen al producto genuino de las provincias vitivinícolas. Por algo en los últimos años los diferentes gobiernos pusieron al vino y los espumantes en una situación diferencial frente al resto de otras bebidas. También sorprende que la reforma impositiva no contemple la situación de la economía regional en la que se desenvuelve la vitivinicultura.

Hoy está previsto que Presidente de la Nación reúna a los gobernadores provinciales para analizar los temas fiscales e impositivos y los mandatarios deben hacerse eco de las inquietudes de viñateros, elaboradores y trasladistas involucrados en la producción vitivinícola, para que Mauricio Macri reciba en forma directa los temores por las graves consecuencias económicas y sociales que van a ocasionar el quebranto de nuestra industria madre.