Por primera vez en esta etapa democrática, un fallo judicial ha criminalizado el trabajo periodístico destinado a investigar un caso de interés público, en clara violación de las garantías constitucionales otorgadas a la libertad de expresión. Dictó el procesamiento el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla a Daniel Santoro, un periodista con vasta experiencia en medios porteños. La resolución lo acusa como partícipe de una tentativa de extorsión a un empresario, lo que implica juzgar por lo que se piensa que alguien hizo con una determinada información, una curiosa subjetividad del derecho penal que aplica el magistrado.

Además de la pena sin prisión preventiva, el juez embargó al hombre de prensa en tres millones de pesos y dispuso como medida de prueba ordenar a la Comisión Provincial de la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel, que investigue si las notas de Santoro constituyeron "operaciones de acción psicológica'' basadas en las consideraciones teóricas de la doctrina del "lawfare'' del exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en defensa de exfuncionarios detenidos.

Si es sorprendente la decisión de Ramos Padilla en cuanto a su pensamiento sobre la tarea de los medios y del periodismo en general, llama más la atención el subjetivismo cuando habla de intencionalidad y busca en un organismo político y social, que no es auxiliar de la Justicia, que le esclarezca sus dudas. Es evidente que estamos ante una investigación judicial prejuiciosa.

La insólita resolución del magistrado criminaliza el trabajo del editor del diario Clarín con un antecedente preocupante para el periodismo de investigación y la transparencia que deben tener estos informes. Se ha eludido la doctrina de la real malicia, aplicada por la Corte Suprema de Justicia que protege el secreto profesional del periodismo claramente legitimado por nuestra Carta Magna. Esto no quiere decir que la función de la prensa ni de los medios en general tiene privilegios o indemnidades ante la ley, pero es la propia Justicia la que debe poner las cosas en su lugar.

Este proceso judicial no ha terminado y es de esperar que se cierre consustanciado en la amplia jurisprudencia que respalda al trabajo periodístico. Como ha señalado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), "una libertad de prensa debilitada puede constituir el primer paso en el peligroso camino del debilitamiento del sistema democrático y republicano de gobierno''.

El fortalecimiento del Estado de derecho es una tarea que debe partir de la estructura institucional.