La declaración del Instituto para la Democracia, con sede en Estocolmo, firmada por más de 500 personalidades del mundo alertando sobre el avance del autoritarismo sobre el Estado de derecho, aprovechando las medidas de emergencia por la pandemia de coronavirus, es un llamado universal oportuno ante los cuestionados manejos de diferentes gobiernos donde la restricción de las libertades y los derechos básicos están siendo vulnerados. Dice la carta que la democracia se encuentra amenazada y quienes se preocupan por ella deben acopiar la voluntad, la disciplina y la solidaridad necesarias para defenderla. Un reclamo que merece la respuesta de la sociedad organizada a través de sus canales representativos.

El documento observa que a lo largo de estos meses de pandemia más de 100 gobiernos adoptaron medidas polémicas pasando por encima de los cuerpos legislativos y con restricciones a la información e incluso se han arrestado a ciudadanos por supuestas publicaciones provocativas en las redes sociales. No se ejemplifican las medidas autoritarias del centenar de países denunciados pero si se apunta directamente a China, donde no hay libertad de expresión y esta opresión tuvo un resultado nefasto en la emergencia sanitaria.

Al referirse al régimen asiático, donde observa la ausencia de libertades fundamentales, la carta recuerda que "no es ninguna coincidencia que la actual pandemia haya estallado en un país en donde el libre flujo de información está sofocado y en donde el gobierno castigó a quienes advirtieron del peligro del virus". Esto es la censura y reprimenda a los medios de prensa y científicos chinos que intentaron dar la alarma mundial cuando el Covid-19 se hizo inmanejable infectando al mundo.

A las destacadas personalidades firmantes no les sorprenden que los regímenes autoritarios estén utilizando la crisis para silenciar a los críticos y endurecer su control político, pero incluso algunos gobiernos elegidos democráticamente están acumulando poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y endurecen la vigilancia estatal avasallando las leyes o la supervisión parlamentaria. Sin duda la democracia se encuentra amenazada, como titula el documento, porque en muchos lugares se ha llegado a arrestar y silenciar opositores mediante el uso de la fuerza como justificativo de una emergencia.

Casi coincidente con esta advertencia, la ONU ha presionado a Nicaragua para que ese país se democratice a través del Consejo de Derechos Humanos y con el voto de Argentina, de manera que el país centroamericano rinda cuenta sobre las violaciones a las libertades individuales, denunciadas desde 2018 y endurecidas en esta crisis global, lejos de superarse aunque algunos dicen vivir una nueva normalidad.