El campo argentino es el mayor generador de divisas para el país, a pesar del permanente castigo tributario que soporta el productor, por lo que el ingreso de dólares podría ser mucho mayor si el sector fuese estimulado políticamente para ampliar los mercados externos. Aún con el actual panorama el año pasado las exportaciones de granos cerraron con 32.807.933.377 dólares, récord absoluto desde principio de siglo, según las entidades agropecuarias.

La principal exportación del año pasado fueron la harina de soja, un subproducto industrializado por el complejo agroindustrial, luego el maíz, y en tercer lugar el aceite de soja. Se suman los envíos tradicionales de granos y productos procesados en el complejo oleaginoso-cerealero, como el biodiesel y sus derivados, de manera que el 48% del total de las exportaciones argentinas salieron del campo.

Este liderazgo exportador directamente asociado a la recuperación del PBI podría ser mucho mayor si el Gobierno nacional no tuviera en cuenta en su real magnitud el papel del agro en el desarrollo nacional y considerara su importancia más allá de la cuestión impositiva. El último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina revela que de cada 100 pesos de renta que le quedan al productor, es decir ingresos menos costos fijos, 63,20 pesos son para impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Castigar con enorme carga fiscal es una exacción tributaria carente de lógica recaudadora si se tiene en cuenta que la afronta quien produce alimentos y mantiene unos 350.000 empleos directos. Las restricciones y los cepos son medidas antojadizas pero también injustas si se mira al bien común ya que los impuestos nacionales no coparticipables representan la mayor parte de los tributos por hectárea de producción.

Es decir, el 66,6% de los tributos que afronta una hectárea agrícola son impuestos nacionales no coparticipables, caso de los derechos de exportación, a lo que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios ("impuesto al cheque"), por lo que sólo quedan las imposiciones que se distribuyen con las provincias que representan el 28,2% de esa masa distributiva.

Hay esperanzas de revisión porque el caerse el Presupuesto 2022 el Gobierno no puede aumentar las retenciones que pretendía extender hasta 2024, según la Ley de Solidaridad 27541, que caducó el 31 de diciembre último, y no podrá hacerlo por decreto. El ruralismo interpreta, además, que se deberían dejar de cobrar por esa vía.