El plus salarial de fin de año acordado para el sector privado, mediante dos cuotas a percibirse en diciembre y febrero, es otro paliativo para estimular el consumo en los meses más conflictivos en crisis económicas con alto impacto social. El bono de 5.000 pesos es una medida política intempestiva como todas las improvisaciones destinadas a calmar el malestar popular.


También carece de equidad, porque el estímulo salarial no incluye a los trabajadores estatales de todas las jurisdicciones, a los del agro, la construcción y personal doméstico. Es decir, el beneficio alcanza a seis millones de asalariados y deja afuera a cinco millones de trabajadores formales y, obviamente, a los jubilados. También es caprichosa su interpretación, ya que los $5.000 irán al bolsillo de los que trabajan 8 horas y a los demás se les prorrateará según la jornada.


Si dictar un decreto para calmar a la CGT ya es un despropósito, porque para eso están las negociaciones colectivas entre la patronal y los sindicatos, interpretar el artículo 3º es desconcertante. Dice que los empleadores y los gremios podrán pactar o adecuar la implementación de nuevos plazos o montos, lo que supone ampliar las cuotas o alterar la cifra acordada.


Se dispone también que las empresas que ya otorgaron unilateralmente otros incrementos salariales a lo largo del año, puedan compensarlos con la suma total del bono. Más confusión todavía.


La única realidad es que según la UIA, el 60% de las empresas no puede afrontar este costo. Tampoco la mediana empresa, de acuerdo a una declaración de la CAME, y menos todavía las Pymes, que son las mayores generadores de empleo del país.


Como lo adelantara este diario, en nuestra provincia el empresariado no está en condiciones de hacer frente a esta erogación. Los empresarios de diferentes rubros de la economía local dicen que en el actual escenario de recesión, y con constantes actualizaciones salariales, se les hará muy difícil cumplir con esta disposición a fin de año.


Hay que tener en cuenta que junto con la obligatoriedad del bono está la necesidad de cancelar la segunda cuota del sueldo anual complementario. Y con enorme inflación, un mercado recesivo, costos financieros imposibles de asumir y tarifas y obligaciones fiscales impagables, existe una imposibilidad cierta que debería haber sido tenida en cuenta por los promotores de esta iniciativa demagógica.