El río Paraná y los subsistemas hídricos que conforman una de las cuencas más importantes del continente, tiene una degradación sin precedentes de origen natural, debido a las grandes bajantes de los últimos años, con impacto en su biodiversidad y la degradación sistemática por quemas intencionales en las islas y humedales para la producción agropecuaria, más la contaminación de las aguas con agrotóxicos y fertilizantes sintéticos derivados de la actividad rural por aplicaciones aéreas y efluentes agroindustriales.

Esta vital vía de comunicación mesopotámica es uno de los pocos ríos importantes de la Argentina que no tiene un comité de gestión, por ello las medidas proteccionistas que se puedan dictar se limitan a las jurisdicciones del curso, sin una coordinación para hacer efectiva una medida general. Por ello la necesidad de un programa que involucre tanto a las obras de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay junto con la reducción del uso de agrotóxicos y de reconversión de la producción agroalimentaria hacia la agroecología.

Las ONG, al presentar un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia, observan que en la mayoría de las provincias atravesadas por el Paraná no existen distancias o zonas de resguardo respecto a los cursos de agua superficiales en lo que se relaciona con las fumigaciones, como también se carece de información científica para ordenar las actividades solicitadas a la Justicia.

Estos reclamos tienen en consideración las recomendaciones de las Relatorías del Derecho a la Alimentación y Desechos Peligrosos y de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo que se requiere en nuestro país una concertación federal para conformar un comité o autoridad de la cuenca con participación ciudadana inclusiva, de acuerdo al artículo 3 de la ley 25.688 que establece la indivisibilidad de las cuencas hídricas.

En este contexto existen estudios locales, como el de la Procuración General de Santa Fe con un informe acerca de la preocupante mortandad de peces al finalizar el año pasado en el río Salado, afluente del Paraná, según un estudio de especialistas de la Universidad Nacional del Litoral. La investigación relaciona directamente esta situación con el modelo agroindustrial de esa provincia: las muestras de agua y tejidos de los peces contenían herbicidas y plaguicidas utilizados en el cultivo de la soja transgénica.

Urge conformar el Comité de Cuenca e involucrar a todos los organismos nacionales del área para encarar una evaluación ambiental estratégica de salvaguarda.