Aunque suena a utopía, la mayor parte de la comunidad internacional coincide en que la única salida al grave conflicto separatista planteado por Cataluña es lograr, mediante el diálogo entre las partes, un acuerdo que encauce el vínculo entre esta región y el gobierno español. Toda España está reclamando esta solución, al igual que la mayoría de los países de la Unión Europea, que ven a este movimiento independentista como una amenaza para toda la región.
El referéndum del domingo, a pesar del resultado que según los catalanes fue ampliamente favorable para sus pretensiones, no pasó de ser una expresión de deseos ya que no cumplió con ninguna de las normas establecidas para este tipo de compulsas. Los lugares habilitados para la votación no fueron los adecuados, y los elementos que se utilizaron para recolectar los votos fueron totalmente improvisados y estuvieron lejos de toda formalidad. Por otra parte, el resultado fue incierto porque se ofrecieron guarismos que estuvieron lejos de ajustarse a la realidad y no se siguió una metodología para su recuento. Esta consulta se asemejó mucho a los procesos electorales de países como Venezuela, donde persiste un ambiente que pone en duda los resultados que después se informan.
La represión por parte de la Policía nacional y la Guardia Civil, dispuesta por el gobierno central español, que arrojó varios cientos de heridos, fue un aspecto negativo que se podría haber evitado, pese a que se actuó bajo las prerrogativas que se imponen ante la presencia de grupos que llevan a cabo acciones contrarias a lo dispuesto en la Constitución Nacional o por otras normas nacionales en vigencia.
La provocación del gobierno catalán al orden legítimo que impera en el país exige del gobierno central medidas urgentes para frenar este movimiento que va contra el orden institucional de la Nación. Entre ellas figura la necesidad de restablecer lo más pronto posible un diálogo entre las partes en conflicto, como única manera de restablecer el orden y avanzar hacia un proceso de reorganización nacional.
De análisis realizados por expertos en el tema se puede concluir que cualquier diálogo que se establezca debería considerar muy seriamente la posibilidad de una reforma de la Constitución de 1978.