La modernización del esquema tarifario impulsada por el Gobierno nacional, desde el inicio de su gestión, es el camino correcto para mejorar los servicios, reducir los subsidios económicos y contribuir con el equilibrio fiscal en esa área. A pesar de los ajustes tarifarios, con el consecuente aumento de los precios de los boletos, los objetivos todavía no se alcanzan y llevará un tiempo para acercarse a la ecuación ideal.
Pero hay otro inconveniente, y es que la tarea de administrar el transporte en general ha sido asumida por las autoridades nacionales cuando, en realidad, la responsabilidad debe recaer en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los servicios que se prestan en el área metropolitana. De modificarse este esquema ya no sería la Nación la que tendría que preocuparse por la calidad del servicio de colectivos, trenes y aviones, entre otros, ni distribuir los subsidios, ni preocuparse por el déficit que genera la actividad.
El tema de los subsidios al transporte es el más controvertido. A noviembre del año pasado este rubro ascendió a 70 mil millones de pesos, de los cuales 37.819 millones fueron a pasajes de colectivos, fundamentalmente de la región metropolitana. Otros 28.835 millones fueron a los trenes, también de la misma región y alrededor de 2.000 millones a Aerolíneas Argentinas. Un total de 1.346 millones fue destinado a otros transportes no convencionales.
Esta distribución dejó ver que el 95% de los subsidios nacionales fueron destinados a la región metropolitana, lo que se ve reflejado en la falta de equidad que hay entre el precio de las tarifas del Gran Buenos Aires con las del resto del país. Es decir que se utilizan fondos que aporta toda la nación para subsidiar un sistema tarifario que, para colmo, es el más barato de todo el país.
La solución a esta situación es que los servicios públicos pasen a ser responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la provincia de Buenos Aires, encargándose ambas del total financiamiento, la regulación y la gestión del transporte. De esta forma se acabarían los subsidios y se produciría un sinceramiento tarifario que evitaría esas diferencias abismales. Además se liberaría al Ministerio de Transporte de la Nación de una tarea que le lleva mucho esfuerzo, cuando el país necesita con urgencia construir autopistas, modernizar las hidrovías, mejorar la eficiencia de los puertos, revitalizar el transporte ferroviario de carga y desarrollar la red de vuelos low cost (bajo costo), que unan diferentes destinos del país sin tener que hacer escala en Buenos Aires.