El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha salido al cruce de una absurda polémica entre funcionarios que la considera un tiro por elevación a su propia persona, principalmente del kirchnerismo duro, cuando se habla de que existen "presos políticos" en la Argentina en referencia a los exfuncionarios procesados por actos de corrupción debidamente probados. Es que un preso político es una persona privada de su libertad exclusivamente por su ideología contraria al régimen gobernante al haberse eliminado las garantías fundamentales de un Estado de derecho. Concretamente un preso político es por su forma de pensar no por estar alcanzado por un ilícito contemplado en el Código Penal.

Es muy diferente la situación de políticos presos porque ocupando funciones públicas han delinquido en su favor y están siendo sometidos a procesos judiciales bajo todas las normas del derecho y, si hubiese irregularidades procesales siempre está la revisión de la Corte de Justicia. El presidente fijó esta posición en diferentes ocasiones a partir del primer encuentro que tuvo con los referentes de Derechos Humanos, chocando con el pensamiento de los dirigentes al diferenciar presos políticos de políticos presos, aun cuando cuestionó los procedimientos, incluyendo el manejo de las prisiones preventivas. Luego vinieron las repercusiones públicas que hasta ahora no parecen calmarse.

Por eso el fastidio de Fernández con la interna que divide al oficialismo. "Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo; no sé en qué lugar me quieren poner", enfatizó el presidente en una entrevista radial y advirtió a sus polémicos funcionarios que "no sean tontos porque si en el mundo alguien escucha hablar que en Argentina hay presos políticos, lo primero que se piensa es que Alberto Fernández tiene gente encerrada en la cárcel por su condición política". Los destinatarios de la advertencia parecen haber sido miembros del Gabinete como Teresa García, Elizabeth Gómez Alcorta y Jorge Ferraresi, de extracción kirchnerista que les vienen dando varios dolores de cabeza al presidente, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Vivimos en plena democracia y por ello se respetan todas las garantías constitucionales. Es así que ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la existencia de presos políticos como sí ocurre en Cuba o Venezuela para citar situaciones por todos conocidas.