El Gobierno está esperando la reanudación de la actividad ordinaria del Congreso Nacional para impulsar una iniciativa legislativa que apunta a controlar la plata para las campañas electorales como también blanquear el aporte que realizan los empresarios a los distintos partidos políticos. La iniciativa forma parte de la gran reforma política planeada por el Gobierno, que no ha tenido hasta ahora el apoyo legislativo unánime, lo que obligará a tener que fragmentarla en un intento por ir introduciendo los cambios paulatinamente.

Con la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, una iniciativa que seguramente generará gran polémica, lo que se busca, básicamente, es bancarizar la plata de las campañas y blanquear el aporte de los empresarios que colaboran con los candidatos, para evitar la circulación de dinero en negro en época de elecciones. También propondrá sancionar al clientelismo y al uso de recursos públicos para hacer campaña.

El borrador de la nueva norma será puesto a consideración de los dirigentes de las distintas agrupaciones políticas, a fin de que confirmen su apoyo previo al ingreso del proyecto en el Congreso nacional. Lo que no está definido todavía es la forma en que la iniciativa será presentada: el Gobierno puede optar por hacerlo como un nuevo proyecto de ley o como una modificatoria de la ley electoral vigente, en el capítulo referido al financiamiento. Sea como sea, el proyecto muestra una clara tendencia de dividir en varias leyes una norma general, a fin de ir garantizando la aprobación parcial, y no enfrentarse a un rechazo absoluto y de una sola vez. Es lo mismo que se pretende hacer con la ley de reforma laboral, en la que de acuerdo a lo previsto se irá avanzando lentamente.

Existe el temor en el Gobierno de que surjan dirigentes políticos no quieran apoyar este nuevo sistema. Hasta ahora la mayoría había anticipado su conformidad, pero algunos cambios en el escenario político hacen prever que puedan surgir oposiciones.

En cuanto a la posibilidad de que los empresarios o personas físicas puedan aportar a una campaña, la nueva ley se los permitiría, siempre y cuando se observe el límite del 3% sobre el total de los gastos.

Hay otros aspectos que abarca el proyecto que, en definitiva, apunta a mejorar el sistema de financiamiento de las campañas, haciéndolo más transparente y evitando la intromisión en la política de capitales de dudosa procedencia.