Mientras la Justicia argentina sigue avanzando en la investigación de los casos de corrupción pública sin precedentes en un gobierno democrático, la sociedad confía en que se vive un momento histórico en torno a la transparencia que pretende la actual gestión gubernamental. Sin embargo conviene recordar que las desviaciones subrepticias que ocurren en la administración pública es un mal crónico de nuestra época y afecta incluso a países con una tradición de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes, tal como sostiene Transparencia Internacional, la ONG que evalúa la calidad institucional en los estados de derecho.

Es que calcular la cantidad de sobornos o de desvíos de fondos en el ámbito estatal es difícil saberlo, a menos que haya una denuncia de por medio lo cual es sólo una parte de las irregularidades que permite la deshonestidad en el ejercicio del poder. El último informe de la entidad no varía mucho del contexto mundial en que se desenvuelve la corrupción. Nueva Zelanda y Dinamarca siguen ocupando los primeros lugares de la transparencia internacional, con 90 puntos sobre 100 que sería el óptimo, y le siguen Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Singapur, Holanda, Canadá, y Alemania. En el otro extremo está Somalia, el país más corrupto del mundo entre los 176 analizados.

En este contexto Argentina avanzó 28 posiciones, mientras Venezuela siguió cayendo en el ránking, mientras todavía no se conocen todas las consecuencias del escándalo Odebrecht en América latina. Pero en este panorama de anomalías aparece China que a pesar del rigor del Estado en todos los ámbitos de la sociedad la corrupción sigue avanzando. La Comisión de Inspección y Disciplina del Partido Comunista ha castigado a más de un millón y medio de funcionarios por entorpecer la política del presidente Xi Jinping, no obstante la dura disciplinada estructural del régimen.

En definitiva, la corrupción mueve miles de millones de dólares en beneficio de unos pocos, arrebatando a las economías, y a la sociedad plena, recursos que habrían posibilitado mejores condiciones de vida, como ha ocurrido en nuestro país en la última década.