Desconociendo aquella célebre frase de que "el que gana gobierna, y el que pierde acompaña”, del líder radical Ricardo Balbín, ejemplo de civismo dentro de la democracia, la oposición legislativa de la Cámara de Diputados local, que si bien es mayoría no está identificada con la corriente que llevó a Marcelo Orrego a la gobernación, está ejerciendo el peso que otorga la cantidad de legisladores para introducir modificaciones en leyes como la de coparticipación municipal o en la designación de miembros de organismos como el Consejo de la Magistratura y el IPEEM. Más allá de que numéricamente la oposición pueda ejercer ese predominio e intentar interferir todas las medidas que el gobierno provincial esté dispuesto a impulsar para llevar a cabo su programa o plan de gobierno, hay un aspecto que se debe tener muy en cuenta y es el de la necesidad de garantizar la gobernabilidad a una administración que ha sido elegida por el voto popular de una mayoría que ha confiado en poner en sus manos los destinos de la provincia.
Ante este esquema de gobierno que desde su constitución se ha visto interferido por la oposición legislativa, llegando a proponer la modificación de la ley de coparticipación municipal, suspendiendo los porcentajes que conforman el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) y el Fondo de Emergencia Municipal (FEM), que suman un 8 % para que pasen a engrosar lo que se reparte actualmente a los municipios, el gobernador Orrego ha recurrido a vetar esa medida como una acción para que la oposición no interfiera en acciones que son de exclusiva incumbencia de la administración central. Con este veto, y por una serie de circunstancias que son propias del ámbito legislativo, Juntos por el Cambio (JxC) logró hacer prevalecer la postura de que el tema no sea tratado en extraordinarias y se reactive a partir de las sesiones ordinarias de abril, dándole oxígeno al gobierno en una derivación de fondos que le son necesarios al gobierno.
En lo que no pudo ejercer ningún tipo de acción el bloque oficialista ante el uñaquismo fue en la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura ni en el IPEEM, en los que fueron nombrados Fernanda Paredes (PJ), en el primer organismo, y Alberto Hensel (PJ) y Andrés Chanampa (P. Bloquista), en el segundo. En ambos casos se privó al oficialismo la posibilidad de designar algunas de sus figuras y prevaleció el objetivo de ganar espacios en organismos claves para labor de gobierno.
Orrego sostiene que hay una parte de la oposición que le quiere quitar herramientas para no dejarlo gobernar y eso es lo cuestionable en medio de la crítica situación económica y financiera en que se encuentra la provincia, y en momentos en que es necesario que todos los sectores de la vida provincial aúnen esfuerzos para superar estos duros momentos de los que hay que tratar de salir con acciones mancomunadas.