Desde la asunción del actual gobierno nacional y la puesta en vigencia del nuevo sistema de seguridad pública, bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación, se ha intentado controlar los actos de protesta que hasta hace poco eran causales de manifestaciones que no tenían en cuenta los derechos del resto de la comunidad, avanzando sobre espacios públicos, cortando calles y provocando los más variados desmanes en perjuicio de sectores que nada tenían que ver con los reclamos y que resultaban muy perjudicados con este tipo de acciones.
Si bien es mucho lo que se ha avanzado en materia de controlar estos comportamientos, todavía persisten manifestaciones con acciones violentas que motivan duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, u otras acciones que tampoco corresponden como la ocupación de un bien del Estado o el bloqueo de los accesos a las viviendas de funcionarios, como ocurrió hace unos días en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde un grupo de manifestantes del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) llegaron hasta las puertas del barrio privado donde reside el ministro de Economía Luís Caputo, para expresar su malestar ante medidas tomadas por este funcionario. Sin duda que se trató de una acción “patoteril” que está fuera de toda consideración ya que nada se consigue con promover una movilización de este tipo, en un ámbito que no es oficial y que lo único que provoca es incomodar a toda una comunidad integrada por los vecinos, en este caso de Luís Caputo.
Para hacer más efectivas las acciones que apuntan a la ‘tolerancia cero” en seguridad pública está haciendo falta una mayor presencia de fiscales que puedan verificar desmanes y agresiones, y así poder aplicar toda la fuerza de la ley a aquellos casos que desde el Ministerio de Seguridad se ha dicho que no serán admitidos bajo ninguna circunstancia.
El propósito de la política de tolerancia cero es establecer aquellos actos deliberados que al ser realizados de manera voluntaria puedan ocasionar una fatalidad, una lesión grave o un impacto al medio ambiente. En base a esto se fijan los procedimientos disciplinarios a ser aplicados como consecuencia de esos comportamientos indebidos.
No se puede tolerar, cada vez que hay alguna protesta masiva en la vía pública, que la actividad del resto de la sociedad se detenga por no poder desplazarse con libertad por las calles. Todos tienen derecho a expresarse libremente, pero con ciertas pautas para no perjudicar al resto de la comunidad. Limitar las veredas para las marchas, sin dar la posibilidad de salir a las calles y cortarlas, como ocurría anteriormente al dictado del protocolo de seguridad implementado por la actual gestión de gobierno, es una medida acertada que hay que fortalecer con mayores controles cada vez que se organiza una manifestación.
Lesionar los derechos individuales que tiene todo ciudadano por ejercer el derecho a manifestarse es algo que bajo ningún concepto se puede admitir y que hay que seguir combatiendo para acabar con esa violencia que gana la calle cada vez que algún sector sale a reclamar algún tipo de reivindicación.