El Gobierno nacional ha modificado el régimen de cobertura de riesgos de trabajo, con el objetivo de bajar la litigiosidad laboral en coincidencia con la letra del proyecto de una norma similar aprobada por el Senado con amplio consenso, a fines del año pasado. En esto todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de terminar con la "industria del juicio" y de hecho abaratar los costos del sistema que manejan las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). 

Pero si bien es una medida que se reclama desde hace tiempo, prácticamente desde que comenzó a regir la norma se ha generado una polémica por haberse utilizado un Decreto de Necesidad y Urgencia y no haber completado la modificación con el tratamiento legislativo de rigor, esto es el debate en Diputados. La presión opositora y sindical para que se hubiese convocado a sesiones extraordinarias, no tiene más sustento que el político e ideológico. 

La realidad es que de ahora en más rige la obligatoriedad del trabajador accidentado de presentarse ante las Comisiones Médicas del sistema antes de iniciar cualquier juicio en reclamo de una indemnización, que se otorgará en forma directa, sin necesidad de recurrir al pleito personal que perjudica al trabajador, porque debe esperar casi tres años para obtener sus derechos. 

Además, nunca se logró otorgar a la ley 24.557 y sus modificatorias, el estándar para que resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible. Es más, la Corte Suprema de Justicia declaró en 2004 la inconstitucionalidad del artículo 46, inciso 1º porque la norma no cumplía debidamente la premisa de que la federalización estuviera fundada en necesidades reales y fines federales legítimos. 

Es que al no contener una clara y justificada definición de la naturaleza federal del Sistema de Riesgos del Trabajo, la ley tampoco contó con la indispensable adhesión de las provincias. Por eso el decreto impone el principio de igualdad de los derechos ciudadanos, para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales que no se encuentran plenamente incorporados a las coberturas del Sistema de Riesgos del Trabajo. Una lógica que echa por tierra cualquier interés o especulación sectorial.