Si bien el ataque a la AMIA, el 18 de julio de 1994 y la muerte de Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, fueron dos hechos de suma gravedad en la historia reciente de nuestro país, es también muy grave que a 23 años del atentado de la mutual judía y a más de dos años del fallecimiento del fiscal, la justicia todavía no puede determinar culpables, en estos casos que están vinculados estrechamente.
La crítica a esta situación formulada, hace unos días, por la asociación civil Memoria Activa, que agrupa a familiares y amigos de las víctimas de la AMIA, ha calado en lo más profundo ya que no solo está dirigida a la justicia, sino también a la dirigencia comunitaria, política y de otros sectores de la sociedad de nuestro país.
Esta agrupación responsabiliza a todos los estamentos por los 23 años transcurridos en la más absoluta impunidad, sin que hasta ahora se haya podido avanzar en juzgar a los culpables. Algo parecido ocurre con el caso de Nisman, donde la Justicia no ha podido llegar a dilucidar esta escandalosa muerte, en la que están sospechados altos funcionarios del pasado Gobierno, incluida la expresidente Cristina F. de Kirchner.
La comunidad judía, representando en cierta forma el sentir de la sociedad argentina en relación a los casos de inseguridad, viene desde 1994 reclamando el esclarecimiento del atentado sin conseguir una respuesta concreta.
Todos los años el ruego es el mismo: intensificar las medidas para evitar la impunidad de los ciudadanos iraníes acusados por el ataque y que se mantengan las alertas rojas de Interpol para detenerlos y enjuiciarlos en ausencia, mediante le ley que el gobierno impulsa en el Senado, después del rechazo al memorándum de entendimiento con Irán, firmado por la administración kirchnerista en 2013.
Desde el Gobierno nacional, distintos funcionarios coincidieron en señalar que el país tiene una deuda pendiente con los familiares de las 85 víctimas fatales de la AMIA, y con los del fiscal Nisman, comprometiéndose, en cierta forma, con el esclarecimiento de las dos causas.
No se puede seguir dilatando una situación como esta, con la excusa de que dentro de nuestro propio sistema de justicia hubo o hay encubridores o actores interesados en que no se llegue a la verdad. Habla muy mal de la Justicia, de los gobiernos que se han sucedido y de nosotros los argentinos partícipes de una situación que nos debería dar vergüenza a nivel internacional.